Es necesario descentralizar. Si se quiere que todos formemos parte de la comunidad.

Podrían añadirse las siguientes funciones:- Resolver los conflictos de intereses que se puedan dar con y entre los miembros del personal cuando en una investigación la independencia y objetividad se puedan ver comprometidas.- Garantizar que toda la información facilitada al público se proporcione de forma neutral e imparcial y que su divulgación respete la confidencialidad de las investigaciones.- Resolver sobre las solicitudes de recusación y abstención del personal de la Agencia.- Establecer las sanciones por infracción de los preceptos de la presente ley.- Poner en conocimiento de las Cortes cuantas incidencias graves se planteen en el desarrollo de las funciones de la Agencia.

Mal empezamos si la iniciativa legislativa en esta materia es ejercida por el Poder Ejecutivo (la Junta), en lugar del Poder Legislativo (las Cortes).Da que pensar...

En la letra a) del artículo 7 del anteproyecto debería incluirse el principio de transparencia.Además, deberían incluirse las siguientes funciones:- La evaluación, en colaboración con los órganos de control existentes, de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, con el fin de garantizar los máximos niveles de integridad, eficiencia y transparencia, especialmente en materia de contratación pública, procedimientos de toma de decisiones, prestación de servicios públicos y gestión de los recursos públicos, y el acceso y la provisión en el empleo público para garantizar el respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.- Hacer estudios y análisis de riesgos previos en actividades relacionadas con la contratación administrativa, la prestación de servicios públicos, las ayudas o las subvenciones públicas y los procedimientos de toma de decisiones, en colaboración con los servicios de auditoría o intervención.- Colaborar con los órganos y los organismos de control interno y externo de la actuación administrativa en el establecimiento de criterios previos, claros y estables de control de la acción pública.- Colaborar con los órganos competentes en la formación del personal en materia de integridad y ética pública mediante la elaboración de guías formativas y de asesoramiento especializado en materia de lucha contra el fraude y la corrupción.- Colaborar con los órganos competentes en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades para prevenir y corregir actuaciones que pudieran infringir el régimen aplicable en cada caso.- Promover espacios de encuentro e intercambio con la sociedad civil periódicamente donde se recogerán sus aportaciones.- Investigar la conculcación de los principios de igualdad, mérito, publicidad y capacidad en la provisión de los puestos de trabajo en el sector público, así como en las fundaciones y empresas públicas, con participación mayoritaria o dominio efectivo, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no deben ampararse en el secreto bancario (letra c del apartado 3).Además, las potestades de inspección e investigación de este artículo parece que se circunscriben exclusivamente al ámbito del Sector Público. ¿Qué pasa con el sector privado? Tanto personas físicas como jurídicas vinculadas a casos corrupción.El personal de inspección de la Agencia debería de disponer de las mismas facultades que reconoce el artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la inspección de los tributos.

El reglamento de funcionamiento y de régimen interno de la Agencia regulará el procedimiento para llevar a cabo las funciones inspectoras e investigadoras de modo que se garanticen los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia de las personas investigadas.

POSITION PAPER DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA sobre PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES (WHISTLEBLOWING)(Abril 2017) Tras revisar profusamente las diversas situaciones de desamparo a las que se ven expuestos tanto funcionarios como trabajadores, hemos identificado una serie de cuestiones que recomendamos incluir en una futura legislación que regule de forma específica sobre la materia. Entre las cuestiones a considerar, las más relevantes son:- Garantía de confidencialidad de la identidad del denunciante durante la tramitación del procedimiento para evitar represalias tanto de compañeros como de jefes o superiores. - Prohibición expresa de remoción del cargo del denunciante durante la sustanciación de las actuaciones originadas a partir de la denuncia realizada.- Designación de un órgano independiente –o ajeno a la empresa en caso de entidades privadas– para la tramitación de las denuncias. - Establecimiento de plazos temporales razonables para la tramitación de la denuncia efectuada. - Concesión del traslado provisional a otro puesto de trabajo de similares características al denunciante durante la sustanciación del procedimiento, para así evitar represalias por parte de compañeros o superiores (siempre y cuando sea posible).- Garantía de representación legal al denunciante en caso de ser necesaria, por ejemplo para el caso en que de su denuncia se deriven procedimientos judiciales que le afecten.- Garantía de mantenimiento de prestaciones de la Seguridad Social o seguro médico durante la sustanciación de la denuncia y hasta la completa finalización de las actuaciones relativas a la misma.- Establecimiento de una autoridad pública con potestad de establecer sanciones para el caso en que se tomen represalias contra el denunciante, se obstaculice o se interfiera en el proceso de tramitación de la denuncia (Para ello, debería abrirse expediente disciplinario al responsable del hecho, incorporando el tipo al reglamento de régimen disciplinario como falta muy grave).- Facilitar la admisión de denuncias sin necesidad de mayor aportación de documentación que la sustente, posibilitando incluso aquellas denuncias que surgen a partir de presunciones y que requieren de investigación para ser determinadas como indicios de hechos delictivos.- Refuerzo de la imparcialidad en el ejercicio de la función pública, restringiendo la libre designación para puestos funcionariales y protegiendo al personal laboral del despido por denuncias de corrupción o fraude y regulando con mayor precisión los supuestos de conflictos de intereses. - Mejora de los estándares éticos en la Administración Pública a través de formación específica y campañas informativas en materia de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. - Revisión del régimen de regulación de las sociedades públicas y de las normas de conflicto de intereses para evitar que sus órganos de dirección sean ocupados por quienes hayan ostentando con anterioridad cualquier otro cargo público y/o político o privado que pudiera constituir un conflicto de intereses para el correcto desarrollo de la actividad social de la empresa pública. - Promover una contratación rigurosa del personal laboral de las empresas públicas, de acuerdo a estándares técnicos previamente establecidos. - Establecer medidas para proteger al personal de las empresas públicas de posibles represalias por denuncias y frente al despido misma causa, a la vista de que es en dichas empresas donde surgen hechos irregulares o de corrupción con mayor facilidad.- Contemplar la posibilidad de designar como autoridad canalizadora de las denuncias recibidas al Defensor del Pueblo, a través de la creación de un área específica para la transparencia y corrupción encargada de intensificar el control dentro de las AAPP y de posibilitar la recepción de denuncias, no solo por parte del personal laboral de las AAPP sino también de ciudadanos particulares y personal laboral de entidades privadas. A nivel regional o autonómico, concretamente en Castilla y León, encontramos la única iniciativa legislativa que se ha lanzado a regular de manera específica la figura del denunciante, aunque limitada al ámbito de la función pública. Esta primera experiencia, aunque válida por ser pionera, se queda corta tanto en materia como en objeto. Su relevancia reside en ser la primera norma en tratar el tema de las garantías para los denunciantes, aunque lo hace de forma irregular e insuficiente.https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/04/position_paper_proteccion_denunciantes.pdfTRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑAhttps://transparencia.org.es/https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2019/10/2019_10_07_RecomendacionesTIE_DirectivaDenunciantes.pdf

Seria interesante hacer una descripción objetiva del ilicito. Hacerlo depender de la intencionalidad resulta poco útil. Asimismo para defensa deberían incluirse las conductas que por si mismas, como mala praxis del empleado público, o en combinación con otras, obtengan como resultado un uso o aplicación indebida de fondos públicos en perjuicio de todos

- La Agencia, cuando concurran circunstancias especiales, debidamente motivadas, podrá contratar los servicios de especialistas y peritos o expertos en las materias objeto de control. Los contratos que deban realizarse se regirán por la legislación de contratos públicos.- Estos servicios especializados estarán sujetos al mismo régimen de integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad y confidencialidad que el resto del personal miembro de la Agencia.

Hay que tener cuidado con el uso de las mayúsculas.Deberían llevar mayúscula ciertas palabras como son: Administración Pública, Comunidad Autónoma, Entidades integrantes de la Administración Local, Universidades públicas, Corporaciones de Derecho Público, Derecho administrativo, Ley...A modo de ejemplo, se pueden ver los artículos 2 de las Leyes 39 y 40/2015.Hay que revisar el texto del presente anteproyecto.

De manera complementaria a las sanciones graves y muy graves, la Agencia deberá solicitar al órgano del cual dependa el cargo público que disponga su cese siempre que sea de libre designación, conforme a la legislación establecida en el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público.En el caso de infracciones graves o muy graves cometidas por personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, en el ámbito de esta ley, la Agencia comunicará la resolución de la sanción a los órganos competentes de las entidades públicas afectadas a los efectos que prevea la legislación vigente en materia de contratación, ayudas y subvenciones públicas.

Debería regular la organización, el régimen jurídico y el funcionamiento de la Agencia.Debería ser elaborado por la dirección de la Agencia (con informe favorable de los letrados de las Cortes) y aprobado por la comisión parlamentaria correspondiente. En caso de discrepancia entre la dirección de la Agencia y la comisión parlamentaria, debería decidir el Pleno de las Cortes.Además, dicho Reglamento (así como toda modificación posterior del mismo) debería publicarse tanto en el BOCCL como en el BOCYL y también en la Sede Electrónica correspondiente.

Durante la tramitación de los procedimientos el director o la directora de la Agencia puede solicitar razonadamente al órgano competente que adopte las medidas cautelares oportunas, si la eficacia y el resultado de las investigaciones en curso o el interés público así lo exigen. El órgano competente, si lo cree conveniente, podrá acordar y mantener estas medidas hasta que el director o la directora de la Agencia comunique el resultado de sus actuaciones.

- Para el personal de la Agencia regirán las causas de abstención y recusación que rigen en el procedimiento administrativo común.- Tanto la abstención como la recusación se plantearán por escrito, en el que se expresará la causa o causas en que se fundan y serán resueltas por la directora o director de la Agencia sin posibilidad de que la decisión sea recurrida. En caso de que la recusación o abstención sean planteadas contra la dirección de la Agencia será la comisión parlamentaria correspondiente quien resuelva.

Se debería habilitar por la Agencia un buzón destinado a recibir quejas, denuncias o sugerencias de la ciudadanía relacionadas con actuaciones o conductas en las que puedan incurrir las autoridades, el personal y altos cargos, siempre que se refieran a asuntos sometidos al ámbito de aplicación de la presente ley.La Agencia también valorará las sugerencias recogiendo en el informe anual y de forma motivada la aceptación o no de las mismas.

- La Agencia archivará las denuncias, comunicaciones o solicitudes razonadas presentadas por personas físicas o jurídicas, órganos o instituciones públicas, que carezcan de fundamento o, en su caso, no sean completadas tras el requerimiento de subsanación de defectos o deficiencias que afectaran a la solidez de la denuncia o comunicación.- El archivo será comunicado al interesado mediante escrito motivado indicándole, en su caso, las vías oportunas para hacer valer sus derechos.- En caso de que las denuncias o comunicaciones se presenten en dependencias ajenas a la Agencia, estas las remitirán a la misma en un plazo no superior a 7 días. Los plazos para acordar el inicio del procedimiento o su archivo no empezarán a computar hasta la recepción de la denuncia o comunicación por la Agencia.

Una vez finalizada la tramitación, la persona encargada de la instrucción propondrá resolver:a) La finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de una propuesta de resolución. El archivo será comunicado al denunciante o solicitante en escrito motivado.b) Iniciar un procedimiento sancionador de conformidad con lo dispuesto en esta ley.c) Remitir a la Fiscalía todas las actuaciones iniciadas si, a resultas de la investigación emprendida por la Agencia, esta advirtiera conductas o hechos presumiblemente constitutivos de delito.d) Dar traslado a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, en el caso de que de las investigaciones se pueda derivar una posible responsabilidad contable, directa o subsidiaria.e) La propuesta de elaboración o modificación de disposiciones como reglamentos, circulares e instrucciones en el ámbito de su competencia.f) Dirigir recomendaciones motivadas a las administraciones y a las entidades públicas en las que se sugiera la modificación, la anulación o la incorporación de criterios con la finalidad de evitar las disfunciones o las prácticas administrativas susceptibles de mejora en los supuestos y las áreas de riesgo de conductas irregulares detectadas.La directora o director de la Agencia, a la vista de la propuesta de resolución de la persona encargada de la instrucción, deberá resolver motivadamente en el plazo máximo de diez días desde la recepción de la propuesta de resolución.Si en el curso de las actuaciones emprendidas por la agencia se observan indicios de que se hayan cometido infracciones disciplinarias, el director o la directora de la agencia lo deberá comunicar al órgano que en cada caso corresponda.

Hay que buscar alternativas para adecuarse a la legislación vigente sin que se condene o persiga al denunciante, para así no restringir la realización de denuncias.Algunas normativas (como el art. 14 de la Ley 16/2016 de las Islas Baleares) recogen muy bien esta cuestión, permitiendo en la fase de diligencias previas archivar la denuncia que carezca de fundamento sin consecuencias para el denunciante.Lo que no es de recibo es que la presentación de denuncias falsas (cómo y quién decide lo que es falso y lo que no) constituya una infracción muy grave, sancionada con multa de hasta 100.000 euros. Así nadie se va a atrever a presentar denuncia alguna.Otra omisión importante es la falta de representación jurídica al denunciante para el caso en que a partir de su denuncia se deriven procedimientos judiciales que le afecten. Es necesario resaltar que se trata de representación jurídica y no de asesoramiento.Como alternativa, dicha omisión podría compensarse ofreciendo al denunciante la cobertura de gastos jurídicos hasta un cierto límite, para que así éste pueda elegir libremente su representación jurídica.

- Así como la previsión de una sanción puede limitar la realización de denuncias, el mismo efecto puede causar la imposición de requisitos estrictos para su admisión. La sustentación de la denuncia en documentos o hechos contrastados como condición previa para su admisión puede llegar a afectar la viabilidad de la denuncias, ya que en muchas ocasiones los indicios de delito pueden surgir de presunciones que requieren de investigación para su determinación, resultando por tanto imposibles de sostener mediante documentos o informaciones comprobadas. Sería por tanto aconsejable que los sistemas de protección de denunciantes no impongan condicionantes estrictos que limiten o afecten la realización o viabilidad de posibles denuncias.- Determinar de forma clara y precisa lo que se entiende por informaciones o información con apariencia suficiente de veracidad, términos insuficientemente definidos por las diferentes normativas y que resultan determinantes para decidir sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las denuncias presentadas. Sería conveniente incluir un listado de definiciones en los que se concrete el alcance y significado de dichos términos y otros supuestos de hecho igual de significativos, tales como denuncia, revelación o filtración.- Desarrollo de criterios claros para la admisibilidad de las denuncias, ya la redacción actual contenida en las leyes en muchos casos no permite conocer con exactitud qué denuncias resultan admisibles y cuáles no.

- La elección del director o la directora de la Agencia ha de realizarse entre personas de reconocida competencia que cumplan las condiciones de idoneidad, honorabilidad, independencia y profesionalidad necesarias para ejercer el cargo y que estén en posesión de una titulación universitaria idónea para las funciones atribuidas o que pertenezcan a un cuerpo funcionarial adscrito al subgrupo de titulación A1 y cuenten con más de diez años de experiencia laboral o profesional acreditada, relacionada con el puesto a desempeñar. Los elegidos o las elegidas deberán gozar de la condición política de ciudadano de Castilla y León, mayores de edad que disfruten del pleno uso de sus derechos civiles y políticos.- La persona titular de la Agencia será elegida en sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León convocada con este motivo.- Abierto el proceso electoral, la Comisión Parlamentaria creada al efecto presentará a la Mesa de las Cortes, en el plazo máximo de un mes, el candidato o los candidatos al cargo.- La Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces, elevará al Pleno de la Cámara, en el plazo de un mes, el nombre de un candidato.- El titular de la Agencia será elegido por mayoría de las tres quintas partes de la Cámara. Si no se consiguiera esta mayoría, se repetirá el mismo procedimiento.- Tomará posesión de su cargo ante la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces, y realizará promesa o juramento de acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y las leyes, en el ejercicio de las funciones atribuidas.- El Presidente de las Cortes acreditará con su firma el nombramiento del titular de la Agencia que se publicará en el “Boletín Oficial de Castilla y León” y en el “Boletín Oficial del Estado”.

En la Ley deberían figurar, de forma expresa, las siguientes incompatibilidades (además del régimen aplicable a los altos cargos):- Cualquier cargo político o mandato representativo en el Estado, Comunidades Autónomas, Entes Locales, Unión Europea u Organismos Internacionales o puesto o cargo asimilado en el sector público de cualquiera de dichas instancias.- La afiliación o el ejercicio de funciones directivas o ejecutivas en los partidos políticos, sindicatos o asociaciones empresariales, y con el empleo al servicio de los mismos.- El ejercicio de las carreras judicial y fiscal, o la prestación de servicios en la Administración de Justicia.- El desempeño de funciones directivas o de asesoramiento en Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y otras entidades sin ánimo de lucro, y con el empleo al servicio de las mismas.- El ejercicio, directamente o a través de terceras personas, de cargos en empresas o sociedades dedicadas a actividades que sean objeto de contratación por parte de las Administraciones Públicas o subvencionadas por éstas, concesionarias de las mismas, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación del sector público.- El ejercicio de cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.Cuando concurra una causa de incompatibilidad en quien fuere elegido titular de la Agencia, éste, antes de tomar posesión, deberá cesar en el cargo o en la actividad incompatible o bien solicitar la excedencia en la función. Si no lo hace en los ocho días siguientes a la elección, se entenderá que no acepta el nombramiento. La misma norma debe aplicarse en el caso de sobrevenir una incompatibilidad.

La Agencia se regirá por el que dispone esta ley. Con respecto a todo lo que no esté previsto en esta ley y en su normativa de desarrollo, será de aplicación la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo común y de régimen jurídico del Sector Público.Para la imposición de las sanciones establecidas en el Título III, se seguirán las disposiciones previstas en esta ley así como en la del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas o, en el caso de infracciones imputables al personal al servicio de entidades, el régimen disciplinario funcionarial, estatutario o laboral que en cada caso resulte aplicable.

Artículo 8 del anteproyecto:Apartado 2. Sería conveniente eliminar la frase: 'La Agencia solicitará a la fiscalía información periódica respecto del trámite en el que se encuentran las actuaciones iniciadas a instancia suya'.Apartado 4. 'La Agencia se relaciona con las Cortes de Castilla y León mediante la comisión parlamentaria que se establezca...'; a lo que habría que añadir: '...de acuerdo con el Reglamento de las Cortes'.

El personal de la Agencia deberá informar de sus derechos y obligaciones como denunciante a la persona informante, la cual podrá solicitar la confidencialidad sobre su identidad, y el personal de la Oficina estará obligado a mantenerla, excepto en el caso de que reciba un requerimiento judicial.Se aprobará por parte de la Agencia un protocolo de actuación que garantice la protección y la salvaguarda de los derechos de los denunciantes.Una vez realizadas las diligencias de investigación necesarias, si se desprende que la denuncia no tiene ningún fundamento, el titular de la Agencia podrá, de forma motivada, acordar el archivo y la finalización del expediente, notificando al denunciante esta resolución e informándole de los recursos que legalmente correspondan. En cualquier caso, la Agencia en su informe/memoria anual, de forma motivada, señalará el número de denuncias recibidas y cuáles han sido tomadas en consideración y cuáles no.Para fundamentar el análisis de veracidad de los hechos o conductas que han sido objeto de la denuncia, la Agencia podrá solicitar al denunciante información o documentación adicional, y no se podrá amparar en la falta de documentación por no estar a disposición del denunciante y que pueda ser conseguida por la propia Oficina para rechazar el inicio de actuaciones.Las denuncias o comunicaciones se dirigirán a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y deberán realizarse por escrito. Se formularán en cualquier momento, aunque los hechos o circunstancias se hubieran iniciado o producido con anterioridad.El acuerdo de inicio de las actuaciones contendrá al menos:a) El nombramiento de la persona instructora del procedimiento.b) Los hechos que motivan su incoación.c) Órgano competente para la resolución del procedimiento.d) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.e) Duración de las actuaciones de investigación.

La duración de las actuaciones de investigación de la Agencia no puede exceder el plazo de seis meses, que se contarán a partir del acuerdo de iniciación, salvo que las circunstancias o la complejidad del caso hagan indispensable acordar una prórroga. En este caso, el director o la directora de la Agencia deberá justificar ante la correspondiente comisión parlamentaria la prórroga del plazo, por un periodo máximo de seis meses, notificándoselo asimismo al denunciante.En la realización de las actuaciones se aplicará, en todo lo no previsto por esta ley, el procedimiento administrativo común.