Como ciudadano de a pie al que le dan la oportunidad de opinar (por fin):- Ampliar el concepto y valorar el patrimonio cultural de ámbitos patrimoniales cronológicamente más cercanos como son el patrimonio industrial o el patrimonio intangible aún vivo.- Plasmar la igualdad en el acceso al patrimonio cultural implementando la digitalización de fondos archivísticos y su difusión online. Así se facilitará la investigación y difusión no restringida.- Activar el patrimonio cultural como motor económico para nuestra región, especialmente para el entorno rural donde se concentra la mayor parte de nuestro patrimonio. Fomentar y facilitar la inciativa publico-privada o privada simplemente con supervisión pública para la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico.- Ejercer una verdadera labor de vigilancia como garantes públicos de la conservación del patrimonio de todos y fomentar a traves de medio públicos o privados la puesta en valor del patrimonio como motor económico de nuestra región.

En todos los puntos ha de considerarse la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, con especial atención a los elementos patrimoniales vinculados al medio rural y especialmente al paisaje cultural y al as medidas propuestas en el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que establece un programa de actuación con medidas específicas de defensa y fomento de los bienes culturales inmateriales que consisten en desarrollar actividades de sensibilización y capacitación; apoyar actuaciones conjuntas y transversales tanto de las comunidades como de las organizaciones culturales, promover planes de formación específica (cursos y jornadas de formación); impulsar redes de colaboración y cooperación entre la ciudadanía y las asociaciones; y desarrollar programas específicos de promoción y difusión (iniciativas de tipo editorial, audiovisual, expositivo, de turismo cultural, etc.) con el objetivo de garantizar su transmisión y pervivencia.Respecto al patrimonio tangible es necesario una protección bien detallada sobre la arquitectura tradicional en el medio rural y el patrimonio industrial. Estos debido al gran aprovechamiento que pueden tener en el turismo como medio destacado ara fijar población y generar economías de escala.

Se adjunta documento de aportaciones, entre las que deseamos destacar lo siguiente:Los deberes de las entidades locales deberían entenderse, y así debería reflejarlo explícitamente la ley, en función de sus capacidades humanas y técnicas. Sería importante mencionar expresamente la realidad de la falta de medios de las entidades locales pequeñas (la inmensa mayoría en nuestra comunidad). La administración autonómica debería asumir subsidiariamente por ley la obligación de las entidades locales en caso de que estas no tengan los medios suficientes para ello. Especificar qué administración es la competente con prioridad en cada caso, para evitar conflictos, y teniendo en cuenta la enorme diferencia de capacidad económica y coercitiva entre un ayuntamiento grande y uno pequeño, por lo que no deberían encomendarse genéricamente a todos los ayuntamientos según qué tareas de expropiación, ejecución subsidiaria y control.

Se considera que en los artículos 2 (competencia) y 6 (cooperación con las entidades locales) debería expresarse de manera explícita el papel de la administración autonómica como garante de la protección y conservación, tanto por sí misma como amparando y apoyando técnica, jurídica y económicamente a las entidades locales, la inmensa mayoría de las cuales son de pequeña escala y carentes de medios técnicos, jurídicos y económicos para afrontar sus tareas de salvaguarda, especialmente en casos de hechos consumados y situaciones de peligro de ruina.Del mismo modo, en los artículos sobre obligaciones e infracciones, debieran figurar explícitamente las actuaciones agresivas en los entornos de BIC o en conjuntos históricos o etnológicos, especialmente considerando los casos del cableado aéreo y otras infraestructuras, que se trazan sin las previsiones adecuadas.Por último, las medidas de fomento y las ayudas económicas debieran ser algo más explícitas en sus contenidos y finalidades, así como modificarse su sistema de concesión, invirtiendo el orden de tramitación de las ayudas económicas para que el interesado pueda saber a priori si se le va a conceder la ayuda y en qué cuantía.

Se considera que en los artículos 2 (competencia) y 6 (cooperación con las entidades locales) debería expresarse de manera explícita el papel de la administración autonómica como garante de la protección y conservación, tanto por sí misma como amparando y apoyando técnica, jurídica y económicamente a las entidades locales, la inmensa mayoría de las cuales son de pequeña escala y carentes de medios técnicos, jurídicos y económicos para afrontar sus tareas de salvaguarda, especialmente en casos de hechos consumados y situaciones de peligro de ruina.Del mismo modo, en los artículos sobre obligaciones e infracciones, debieran figurar explícitamente las actuaciones agresivas en los entornos de BIC o en conjuntos históricos o etnológicos, especialmente considerando los casos del cableado aéreo y otras infraestructuras, que se trazan sin las previsiones adecuadas.Por último, las medidas de fomento y las ayudas económicas debieran ser algo más explícitas en sus contenidos y finalidades, así como modificarse su sistema de concesión, inviritiendo el orden de las inversiones económicas para que el interesado pueda saber previamente si se le va a conceder la ayuda y en qué cuantía.

Se debería estimular la difusión del patrimonio cultural rural que es muy desconocido incluso por los habitantes de la zona. También se debería reconocer el título de historiador/a del arte como acreditación suficiente para trabajar en el ámbito cultural, por ejemplo como guía turístico.

Se considera que en los artículos 2 (competencia) y 6 (cooperación con las entidades locales) debería expresarse de manera explícita el papel de la administración autonómica como garante de la protección y conservación, tanto por sí misma como amparando y apoyando técnica, jurídica y económicamente a las entidades locales, la inmensa mayoría de las cuales son de pequeña escala y carentes de medios técnicos, jurídicos y económicos para afrontar sus tareas de salvaguarda, especialmente en casos de hechos consumados y situaciones de peligro de ruina.Del mismo modo, en los artículos sobre obligaciones e infracciones, debieran figurar explícitamente las actuaciones agresivas en los entornos de BIC o en conjuntos históricos o etnológicos, especialmente considerando los casos del cableado aéreo y otras infraestructuras, que se trazan sin las previsiones adecuadas.Por último, las medidas de fomento y las ayudas económicas debieran ser algo más explícitas en sus contenidos y finalidades, así como modificarse su sistema de concesión, inviritiendo el orden de las inversiones económicas para que el interesado pueda saber previamente si se le va a conceder la ayuda y en qué cuantía.