La Asociación Española de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) formada por más de un centenar de personas físicas y jurídicas dedicadas a las relaciones institucionales y asuntos públicos en España que abogan por el desarrollo de procedimientos éticos y transparentes en la adopción de políticas públicas similares a los parámetros de Europa, les adjunta el siguiente PROPUESTA DEREGULACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA DEFENSA DE INTERESES ANTE LOS PODERES PUBLICOS que esperamos que sea de su interés de cara a la elaboración del anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la Comunidad de Castilla y León.La presente propuesta recoge en el ordenamiento legal la regulación de los instrumentos necesarios para la transparencia de la acción ejecutiva y legislativa en relación con los grupos de interés, con el convencimiento de que la misma resulta imprescindible para la consecución de un mejor servicio a la sociedad, en cuanto garantiza que la misma tenga un mejor conocimiento tanto de las actividades desarrolladas por las distintas instituciones y organismos públicos, como de la forma en que se adoptan las decisiones en el seno de los mismos, lo que, al mismo tiempo, constituye una salvaguarda frente a la mala administración.Se trata de formalizar normativamente el desarrollo de las actividades de los grupos de interés en su acción de lobby, entendiendo que constituyen una notoria manifestación del principio participativo que la propia Constitución obliga a promover (artículo 9.2), y puede contribuir significativamente a la mayor efectividad de las políticas públicas. En definitiva, se asume la demanda ciudadana que exige una mayor transparencia en la actuación de los poderes públicos en la materia de la transparencia en la actuación de los grupos de interés y sus representantes, para lo cual se precisa de una norma con rango legal que establezca su régimen jurídico en la medida en que no sólo es la vía utilizada comúnmente en el Derecho comparado, sino que al plasmarse en una ley se pone de relieve su importancia y puede contribuir a que se cree y expanda la cultura de la transparencia administrativa.

Cualquier ciudadano pueda conocer a través del Portal de Gobierno Abierto los asuntos tratados y los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, el órgano colegiado del Gobierno autonómico donde se toman decisiones de más alto nivel.Actualmente está sujeto a la discrecionalidad de la Junta de Castilla y León que decide incluirla o no en la nota de prensa de Comunicación de los jueves o en la exposición del Portavoz de la Junta de Castilla y LeónLa Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León establece en su art. 18.3 que “Las deliberaciones del Consejo de Gobierno serán secretas” pero tal y como resolvió el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya para el Gobierno de la Nación, eso no implica que toda la documentación relacionada con sus decisiones tenga que ser secreta ya que entronca de lleno con el escrutinio a los responsables públicos.

Desde ACAL consideramos que el procedimiento para la elaboración de un anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la Comunidad de Castilla y León deberá contemplar los aspectos relativos a la gestión de documentos si quiere garantizar una transparencia efectiva, de calidad y sostenible.

La Junta y cualquier organismo que reciba un euro de los presupuestos de la Comunidad DEBEN incluir en la página WEB toda la información, sin necesidad de petición a instancia de los ciudadanos.

Recomendaciones de Amnistía Internacional sobre principios que debe contener una ley de transparencia de Castilla y León

Una posible mejora de la norma podría consistir en anexar un calendario detallado de implantación, exigente y realista, que asegure un compromiso verificable para su puesta en marcha con prontitud. Si se tarda 3 años, más bien animará a quien pretenda malversar a que lo haga en este tiempo previo.También se revela muy necesario identificar unos pocos indicadores verificables y fácilmente comunicables que ayuden a rendir cuentas sobre el éxito o no de esta idea.¡Uno muy inmediato para el primer año es medir qué % de la población de a pie conoce el nuevo canal!Pero debe haber también que muestren de impacto en relación a la problemática de la corrupción.

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (INCAU) 2016Ranking de transparencia global:https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/ranking_global_incau-2016.pdfEvaluación detallada Comunidad de Castilla y León (2016):https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/02/evaluacion_detallada_incau-2016-castilla-leon.pdfNOTA EXPLICATIVA: Los Índices de Transparencia que elabora y publica Transparencia Internacional España están exclusivamente dirigidos a medir el nivel de transparencia de las correspondientes instituciones públicas, y ello a través de la evaluación de los datos y la información que hacen pública en su página web en relación con los ochenta indicadores y áreas de transparencia de cada Índice, tal y como se explica de forma clara y detallada en la Metodología de cada uno de ellos.En ningún caso estos Índices tratan de medir el nivel de corrupción o la conducta de personas que puedan pertenecer administrativamente o dirigir políticamente las citadas instituciones, personas de las que TI-España no tiene conocimiento ni relación personal alguna. La evaluación de los Índices de transparencia tiene un carácter, por tanto, institucional, y la valoración informativa se hace de cada una de las entidades públicas, las cuales para TI-España están lógicamente por encima de las personas que en cada momento tengan o hayan tenido vínculos de carácter político o administrativo con dichas instituciones.Por otra parte, dado que las principales actividades de TI-España están dirigidas a evaluar a las instituciones públicas, ni se contempla ni se acepta la posible aportación, subvención o ayuda de ningún tipo que pudiera proceder de alguna institución u organismo público, siendo totalmente gratuita la elaboración y la publicación en internet de todo lo concerniente a estos Índices de transparencia.TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑAhttps://transparencia.org.es/

La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León solicita que la nueva Ley de Transparencia contenga los siguientes aspectos:- La nueva Ley de Transparencia debe contener un régimen sancionador para aquellas administraciones y responsables que incumplan la Ley. En este régimen sancionador se debe diferenciar la sanción a la Administración como tal, así como, la sanción al responsable o responsables de la Administración que vulnera la Ley.- Debe ser obligatorio con la nueva Ley de Transparencia, que cada Administración publique el listado de todas las empresas, fundaciones, entes, agencias, institutos públicos, donde esta Administración posea al menos el 25% del capital, o reciba subvenciones públicas de esa Administración que supongan, al menos, el 50% de su capital. Además, se debe publicar el número de trabajadores que tiene en plantilla, la relación de puestos de trabajo, su estado de ocupación y los sueldos de cada uno de estos trabajadores. Se establecerá, del mismo modo, que los altos cargos deban publicar sus bienes al ocupar el cargo y cuando cesen del cargo. Se debe publicar además, el convenio laboral, y los seguros y contraprestaciones que los trabajadores tienen por trabajar en estos entes.- Debe ser obligatorio con la nueva Ley de Transparencia, que los altos cargos de la Junta de Castilla y León publiquen sus bienes al tomar posesión y cuando cesen.

La Ley de Transparencia estatal (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) regula no solo aspectos de transparencia y participación, sino también el régimen de buen gobierno, a partir de sus artículos 25 y siguientes. Creo que sería un avance muy importante para la Comunidad que la futura Ley de Transparencia autonómica estableciera, de forma análoga a la estatal, un régimen de buen gobierno para los altos cargos de la Comunidad. Hay que tener en cuenta que si un funcionario incumple algún aspecto de la normativa que regula sus obligaciones se le pueden imponer sanciones disciplinarias, cosa que no ocurre con los altos cargos, a los que no es de aplicación el régimen disciplinario. Esto no puede seguir así a nivel jurídico, pues cuanto mayor sea la responsabilidad del que actúa y más retribución obtenga, debería también tener que observar un régimen disciplinario más fuerte.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido por la legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo. Es también conocido como el derecho a saber o libertad de información. Implica el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas. A su vez, obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva.Uno. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.Dos. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.Tres. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.Cuatro. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.Cinco. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.Seis. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.Siete. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.Ocho. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.Nueve. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.Diez. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.https://www.proacceso.org/

Cumplir con el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, introduciendo la variable de sexo en la elaboración y publicación de datos estadísticos en Castilla y León. Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios.Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garanticela integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, lospoderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán:a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogidade datos que lleven a cabo.b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibilitenun mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones,aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en larealidad que se vaya a analizar.c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan elconocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora desituaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variablesincluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentessituaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en losdiferentes ámbitos de intervención.f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto decontribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipaciónnegativa de determinados colectivos de mujeres.Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órganocompetente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormenteespecificadas.

1. Contemplar de forma clara y explícita en el texto legal un régimen de infracciones y de sanciones a políticos y funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia.2. No establecer un régimen de silencio administrativo negativo, que respete muy poco el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta explícita, de un tipo o de otro, por parte de la Administración. En caso de incluirse el silencio negativo, debería ser acotado a situaciones muy concretas e ineludibles.3. No limitar el acceso a aquella información que perjudique cuestiones relacionadas con materias tan amplias como los “intereses económicos” o la “protección al medioambiente”.4. Introducir en el texto legal la obligación para la Administración autonómica de publicar, no sólo la relación de sus bienes inmuebles, sino también de todo el patrimonio que posee.5. Creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con total independencia (orgánica, funcional, financiera…) de la Administración autonómica, en el que su Presidente no sea nombrado por el Gobierno autonómico.6. No retrasar indebidamente el plazo de entrada en vigor de la Ley para todas las instituciones públicas existentes en la Comunidad de Castilla y León.

“Como fruto del Convenio firmado por Transparencia Internacional España y Red Española del Pacto Mundial, se pone a disposición general en esta página el Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia (SGIyT) creado por la Red Española del Pacto Mundial para fomentar tanto la integridad como la transparencia en las organizaciones”.Se puede acceder a este sistema a través de:https://compactlink.pactomundial.org/services/knowledge/clouds/know_how.php?id=109251429579944TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑAhttps://transparencia.org.es/

El Comisionado de la Transparencia y Procurador del Común ha pedido más medios materiales, humanos y jurídicos para poder ejercer su labor en esta materia y una reforma legislativa que permita el empleo de medios adecuados como la imposición de multas coercitivas ante el incumplimiento voluntario de las resoluciones del Comisionado. Afirmó que existen «luces y sombras» en la implantación de la publicidad activa y acceso a la información recogida en la Ley de Transparencia.Citó la inexistencia en la norma de un régimen sancionador para los posibles incumplimientos, lo que dificulta su actuación por lo que abogó por una reflexión sobre la conveniencia de que su institución pueda imponer multas coercitivas ante la falta de cumplimiento voluntario de las resolucionesSeñaló que su trabajo se encuentra condicionado por el elevado número de sujetos obligados con la normativa, al ser más de 5.000, y por la ausencia de mecanismos formales y de medios y personales.En relación con la publicidad de información o publicidad activa, manifestó que el Portal de Gobierno Abierto de la Junta es en «exceso conformista, tanto en la claridad de la información publicada, como respecto de la facilidad de acceso a esta». Según estimó, las modificaciones introducidas en 2018 se han centrado en el incremento de contenidos publicados, pero son mínimas en la accesibilidad o su posible reutilización.Declaración de CádizFormulada en 2018 por todos los organismos encargados de velar por la transparencia, y que habla explícitamente de la necesidad de dotar de medios humanos y económicos suficientes a los órganos de garantía, lo que en opinión del Comisionado 'afecta especialmente a Castilla y León', ya que la normativa actual 'no sólo no ha previsto medios específicos' sino que 'prohíbe la disposición de otros medios que no sean los propios del Procurador del Común'.“Demandamos una reforma que ahonde, profundice y mejore las garantías que el derecho de acceso y la transparencia activa han supuesto hasta la fecha en nuestro país, tanto a escala estatal, autonómica como local. Entre estas reformas consideramos necesarias: consagrar el derecho de acceso como un derecho fundamental, la dotación de medios humanos y económicos suficientes para los órganos de garantía, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios” (Declaración de Cádiz, 28 de septiembre de 2018).Declaración de Málaga“Una política diseñada para impulsar la apertura de nuestras instituciones, Administraciones Públicas y entidades privadas de relevancia social o perceptoras de fondos públicos, y garantizar su funcionamiento abierto a la mirada y al escrutinio de la ciudadanía, se ha visto desbordada por la aparición de nuevos requerimientos de integridad pública y lucha contra la corrupción y de participación ciudadana, que han puesto sobre la mesa distintas demandas adicionales a la transparencia en sí misma considerada. Estas demandas van de la regulación de los grupos de interés a la protección de los denunciantes o la persecución de las malas prácticas en la contratación pública o la política de subvenciones de las Administraciones.Hoy día es necesario conectar la transparencia con las medidas de Gobierno Abierto, el establecimiento de Códigos Éticos en las personas públicas y privadas, la apertura de registros de lobbies y lobistas, la publicación de las agendas de trabajo de los Altos Cargos y Autoridades públicas e, incluso, con las modernas tecnologías basadas en el big data y la inteligencia artificial que permitirán a las Autoridades de control y a los órganos de garantía conocer de antemano, a través de sistemas de alerta temprana, los puntos de los procesos de trabajo y los procedimientos administrativos en que pueden producirse desviaciones de la normativa o prácticas fraudulentas o corruptas.También es el momento de incorporar al ordenamiento jurídico un sistema de protección e indemnidad a aquellos ciudadanos que tienen evidencias de prácticas corruptas, para que contribuyan a formar una red pública de vigilancia contra la corrupción pública o privada. Y es hora de avanzar en el desarrollo teórico y jurídico de conceptos en los que se trate la transparencia, la participación, la ética pública o el gobierno abierto como diferentes manifestaciones de un mismo “poliedro”; caras de un mismo “proyecto de la transparencia”. No es conveniente tratar separadamente aspectos de una misma realidad pues ello distorsiona la solución integral y global del problema” (Declaración de Málaga, 2 de octubre de 2019).

Madrid, 7 de octubre de 2019.- Con la aprobación de la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, los países de la Unión Europea tendrán dos años para trasponer la normativa y fortalecer la protección a los denunciantes.En este sentido, Transparency International España ha publicado un documento con 7 recomendaciones y buenas prácticas para que España pueda trascender los mínimos que se establecen en la Directiva Europa. De esta manera, se podrá ofrecer una amplia protección a todos los denunciantes y avanzar en los esfuerzos anticorrupción.1. ARMONIZAR Y ELABORAR UNA LEGISLACIÓN NACIONAL TRANSVERSAL: COHERENCIA ENTRE LAS NORMAS EXISTENTES.2. CONSIDERAR LOS CONCEPTOS Y EL LENGUAJE.3. PROTECCIÓN MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO LABORAL.4. DENUNCIAS ANÓNIMAS.5. LA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL DENUNCIANTE.6. VELAR POR LA EXISTENCIA DE UNA AUTORIDAD INDEPENDIENTE EN LA MATERIA.7. INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CANALES DE DENUNCIA.https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2019/10/2019_10_07_RecomendacionesTIE_DirectivaDenunciantes.pdfhttps://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/04/position_paper_proteccion_denunciantes.pdfTRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑAhttps://transparencia.org.es/

El pasado 2 de Noviembre TI-España ha presentado un conjunto de cuarenta Medidas para prevenir y combatir la corrupción política e institucional en España, de cara a su posible inclusión por los Partidos políticos en sus Programas para las próximas Elecciones generales. Estas medidas han sido elaboradas pluralmente por una Comisión creada en el seno de TI-España e integrada por treinta y cuatro miembros pertenecientes a muy diversas instituciones relacionadas con la lucha contra la corrupción y la transparencia: Fiscalía Anticorrupción, Jueces y magistrados, Tribunal de Cuentas, Organismos antifraude, Fuerzas de seguridad, Instituciones representativas de entidades públicas y locales, Universidades y ONG´s, entre otras. Dichas medidas, que han sido enviadas a los doce principales Partidos políticos, se han agrupado en cuatro áreas: 1) Prevención de la corrupción política e institucional. 2) Prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas. 3) Sanción y represión contra la corrupción. 4) Transparencia y control social contra la corrupción.En el Acto de presentación han participado dos miembros del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España: D. Jesús Lizcano y D. Manuel Villoria.https://transparencia.org.es/propuestas-de-ti-espana-contra-la-corrupcion/TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑAhttps://transparencia.org.es/

El nivel de transparencia de las entidades que integran el Sector público español es manifiestamente mejorable, y por otra parte, los responsables políticos que ejercen el gobierno y la representación de los ciudadanos han de dar muestras del nivel de integridad y de apertura informativa que de ellos y de sus organizaciones demanda la sociedad. Es por ello que Transparencia Internacional España manifiesta la necesidad de que los distintos Partidos políticos españoles asuman los Principios y medidas que se recogen en el siguiente Decálogo de Transparencia e Integridad:1. TRAMITACIÓN URGENTE DE UNA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN, que incorpore procesos y órganos que den garantías de su adecuada implantación: España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo. Los ciudadanos españoles tienen el derecho a saber, a conocer todo lo que se hace, cómo se hace, y cuanto se gasta para hacerlo, en cualquier institución pública, y por tanto a disfrutar de este derecho fundamental en los mismos términos que los restantes ciudadanos europeos. En el plazo máximo de seis meses a partir de la celebración de las Elecciones generales debería comenzar la tramitación parlamentaria de esta Ley de Transparencia.2. CREACIÓN DE UN PORTAL NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA. Paralelamente a la citada Ley, este Portal de transparencia debería poner a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo Sector Público español, es decir, no solo de las entidades fundamentales de ámbito estatal, autonómico, provincial y municipal, sino también del amplio elenco de los restantes entes públicos: Empresas, Organismos Autónomos, Fundaciones, Agencias, Mancomunidades, Consorcios, etc., ya que son entidades todas ellas financiadas por los propios ciudadanos (ver detalles de esta propuesta en Anexo 1).3. EXCLUSIÓN DE LAS LISTAS ELECTORALES DE LOS PROCESADOS POR CORRUPCIÓN. Los Partidos políticos podrían explicitar su integridad y dar una imagen pública más favorable evitando que procesados por corrupción pudieran formar parte de las Listas electorales.4. REFORMA DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL PARA DESBLOQUEAR LAS LISTAS CERRADAS QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. De esta manera los ciudadanos podrían así excluir a aquellos candidatos no deseados, o que no les ofrecen garantías de integridad y/o competencia.5. COMPROMISO DE LOS CARGOS PÚBLICOS ELECTOS DE FORMULAR Y HACER PÚBLICA SU DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES. Todos los cargos públicos electos deberían así formular y hacer pública una información que ya es obligatoria legalmente en muchos casos, y que sin embargo no se llega a cumplir adecuadamente en la práctica.6. MODIFICAR LA NORMATIVA SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LÍNEA CON LAS RECOMENDACIONES DEL G.R.E.C.O. En su último informe (Mayo 2011), el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa señala una serie de importantes deficiencias e insuficiencias en lo que respecta a la transparencia de los Partidos políticos españoles en cuanto a sus Fuentes de financiación y sus cuentas, evidenciando la necesidad de una mayor información acerca de los Préstamos recibidos, las Fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etc.7. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD LEGAL DE RENDICIÓN Y PUBLICACIÓN ON LINE DE LAS CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, incluyendo el detalle de sus Cuentas electorales. Dado que una proporción claramente mayoritaria de los recursos financieros de los Partidos políticos es la aportada por los ciudadanos, deberían rendir cuentas a éstos y hacer públicas dichas Cuentas.8. APROBACIÓN DE UNA LEY PARA LA PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE DE PRÁCTICAS CORRUPTAS E ILEGALES, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. España debería ponerse a la altura de otros muchos países en cuanto a la protección jurídica de aquellos ciudadanos que con una conducta ética y solidaria se atreven a denunciar las prácticas corruptas o ilegales que existen fehacientemente en sus propias instituciones.9. RESPETO EFECTIVO DE LOS PRINCIPIOS DE MÉRITOS Y CAPACIDAD, Y ELIMINACIÓN DE LA LIBRE DESIGNACIÓN Y EL CESE DISCRECIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El mérito debería asegurarse para el acceso a los Altos Cargos y a los Cargos directivos de las Fundaciones y las Empresas Públicas, deberían publicarse además los currículums de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.10. PROMOVER UN PACTO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ENTRE PARTIDOS, ONG,S, ASOCIACIONES EMPRESARIALES, SINDICATOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del Gobierno, y coordine las actuaciones en la materia.Aparte de estas diez Medidas fundamentales que integran el Decálogo, TI-España entiende que los Partidos políticos deberían igualmente asumir el compromiso de realizar o apoyar las Actuaciones que se recogen como Recomendaciones adicionales en el Anexo 2 a este Decálogo: Anexo 2.Los anteriores principios y medidas están recogidos y ampliamente desarrollados dentro del conjunto de más de cuarenta propuestas que se incluyen en el proyecto ENIS (European National Integrity Systems) que TI-España está desarrollando junto con otros veinticinco países europeos, y cuyo texto final y resultados se van a publicar y presentar próximamente (más información del proyecto en Proyecto ENIS).https://transparencia.org.es/decalogo-transparencia-e-integridad/TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑAhttps://transparencia.org.es/

Publicidad de las agendas y registro de lobbies- La agenda debe incluir todas las reuniones profesionales a excepción de aquellas que tengan que ver con asuntos vinculados a la seguridad nacional o ponga en peligro la vida y la seguridad de las personas implicadas. Se informará del/los interlocutores, el motivo de la reunión, los documentos tratados (ya sea en persona o enviados por otro medio) y el impacto de esos documentos en la normativa final.- Creación de un registro de grupos de interés que incluya a todas las personas -sin excepción- que, en representación propia o de terceros, se reúnan con representantes políticos para intentar influenciar en la tramitación de una norma o negocien precios u otro tipo de colaboraciones con ellos. Deberá incluir, como mínimo, nombre, entidad a la que pertenece, entidad a la que representa, ámbitos de interés y reuniones a las que ha asistido.Otras recomendaciones- La publicación de la huella completa en leyes y normas. Publicación, junto a cada ley (en el apartado de ‘análisis’ del BOE), decreto-ley y decreto aprobado, de un informe de huella legislativa que incluya actores y documentos y cómo han afectado al texto final.- El reparto por cabeceras de la publicidad institucional, y criterios utilizados.- Publicidad de las declaraciones de bienes y de actividades de los altos cargos. Creemos que la información que se da en la actualidad no aporta información suficiente ni contexto para entender si existe enriquecimiento ilícito o conflicto de interés, algo que debería ser el objetivo de estos documentos, siempre ocultando datos especialmente protegidos.- Acceso a las denegaciones de compatibilidad de los altos cargos y las razones del sí o el no.- Publicidad detallada de los acuerdos entre la administración y la farmacéuticas sobre precios. Una fuente pública de información en formato web que proporcione información consolidada y detallada de los medicamentos adquiridos, las cantidades exactas, periodo y ámbito geográfico de distribución, los proveedores, los precios, la duración de los contratos y los acuerdos de distribución o compra con las comunidades autónomas.- Publicación de la ejecución presupuestaria al mismo nivel de desglose que los PGE, y en formatos reutilizables.Sobre la Fundación CivioCivio es una organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a los poderes públicos a través de investigaciones basadas en datos y hechos y arroja luz sobre los puntos ciegos del sistema, presionando y colaborando para lograr cambios.https://civio.es/

Access Info Europe es una organización de derechos humanos dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa y el mundo, como una herramienta para la defensa de las libertades civiles y los derechos humanos, para facilitar la participación pública en la toma de decisiones y para facilitar la fiscalización de los gobiernos. Como se establece en esta estrategia, promovemos tanto el derecho a la información en sí mismo como por su valor democrático. El equipo de Access Info Europe también utiliza su experiencia para contribuir a la promoción del derecho de acceso a la información en la legislación y en la práctica a nivel mundial.El objetivo de Access Info es que exista un sólido derecho de acceso a la información, lo que significa que no sólo exista sobre el papel, las normas, constituciones y leyes internacionales, sino que también pueda ejercerse en la práctica para que las personas puedan obtener la información que necesitan para defender los derechos humanos, participar en la toma de decisiones y exigir la rendición de cuentas.AyudaSi eres un(a) ciudadano/a, una organización de la sociedad civil o un(a) periodista que necesite ayuda acerca de cómo presentar solicitudes de acceso a la información, ponte en contacto con el Access Info Help Desk. El equipo de expertos de Access Info podrá ayudarte en tus apelaciones y a defender tu derecho de acceso a la información.Asistencia técnica para organizaciones y gobiernosSi eres un oficial público intentando implementar una ley de acceso a la información y necesitas asistencia técnica, por favor, contáctanos y te pondremos en contacto con expertos que puedan facilitar ese tipo de asistencia y entrenamiento a organismos públicos.https://www.access-info.org/es/

Publicación del Plan Normativo Anual previsto en el art. 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP.A pesar de lo dispuesto en la STC 55/2018, de 24 de mayo, la disposición adicional primera de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León dice que:'En todo lo no previsto en esta Ley será de aplicación lo establecido en la legislación del Estado con carácter supletorio'.Por tanto, el art. 132 LPACAP es plenamente aplicable en Castilla y León y el último plan normativo anual publicado es el correspondiente al periodo comprendido del junio 2017 a junio 2018.

Esta Ley debería afectar no solo al sector público sino también al privado, así como a partidos políticos, sindicatos, patronal y todo tipo de fundaciones (públicas y privadas).Esperemos que, como mínimo, afecte a las entidades que la Junta incluye dentro del ámbito subjetivo de la Ley: Administración general e institucional de la Comunidad, entidades integrantes de la Administración local, Instituciones propias de la Comunidad, corporaciones de Derecho Público, personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, y de los centros concertados, en especial en el ámbito de la educación, sanidad, deporte y servicios sociales. Habría que incluir a toda persona física o jurídica que celebre contratos con las AAPP o reciba subvenciones públicas, así como a las fundaciones privadas que perciban fondos públicos.En cuanto al sector público, esta Ley debería garantizar la publicidad y transparencia en cuanto a:- Altos cargos y personal directivo: número, retribuciones, patrimonio antes y después de ostentar el cargo, publicación de las agendas de trabajo de los Altos Cargos y Autoridades públicas. Deberían publicarse además los currículums de las personas que hayan accedido a esos cargos. Publicación de las peticiones de compatibilidad y la resolución de las mismas.- Resto empleados públicos: publicación de las comisiones de servicio y libres designaciones, así como de todo tipo de ‘gratificaciones’. Establecer un procedimiento reglado para las comisiones de servicio, donde se publique su convocatoria así como su resolución.- Regulación y elaboración de un listado de lobbies, que sea público.- Máxima transparencia y publicidad en materia de contratos (públicos y privados) celebrados por las AAPP. Que se cumpla al pie de la letra la Ley de Contratos del Sector Público.- Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración (art. 157 LRJSP). Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento de una aplicación deberán consultar en el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.- Publicación del patrimonio total de las AAPP, con el mayor detalle posible, así como del gasto en alquileres y la justificación del mismo.- Supresión de todas las fundaciones de carácter público.- Publicación del gasto en publicidad institucional, desglosado por medios, y su justificación.- Publicación, en el Portal de la Transparencia, del Plan Normativo Anual, tal y como establece el artículo 132 de la LPACAP.- Dotar al Comisionado de Transparencia de los medios materiales, personales y jurídicos suficientes, garantizando su independencia, y estableciendo un sistema de sanciones en caso de incumplimiento de sus requerimientos (por ejemplo, un sistema de multas coercitivas).- Máxima transparencia en la elaboración de todo tipo de normas, con la publicación de todos los estudios, memorias e informes necesarios para su aprobación.- Utilización de tecnologías modernas basadas en el big data y la inteligencia artificial que permitan a las Autoridades de control y a los órganos de garantía conocer de antemano, a través de sistemas de alerta temprana, los puntos de los procesos de trabajo y los procedimientos administrativos en que pueden producirse desviaciones de la normativa o prácticas fraudulentas o corruptas.

UN DECÁLOGO POR LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDADEspaña se ha quedado lamentablemente atrasada en el desarrollo de un Gobierno abierto y transparente. Los partidos democráticos deberían comprometerse a un consenso para abordar las reformas necesarias.Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Álvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta27 OCT 2011Ahora, cuando se acercan las elecciones generales y los partidos políticos presentan ante la ciudadanía sus programas, creemos que es un momento clave para recordar a nuestros conciudadanos que España, tras avances universalmente reconocidos, se ha quedado lamentablemente atrasada en el desarrollo de un gobierno abierto y transparente. La lucha por una mayor calidad de nuestra democracia exige que todos los partidos democráticos asuman mejoras institucionales en la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, así como compromisos creíbles en relación a la implantación de dichas mejoras normativas.No podemos aceptar que el compromiso por mejorar la situación de nuestra economía sea incompatible con las reformas institucionales que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, antes bien, creemos que estas reformas son parte de cualquier paquete de medidas que pretenda hacer frente a los problemas estructurales de nuestra economía y a la desafección existente en nuestro sistema político. Por ello, desde nuestro compromiso con la calidad de la democracia y como actores cívicos que no se resignan a ser meros espectadores del proceso electoral, demandamos de los distintos partidos políticos españoles, ante sus compromisos electorales, que asuman las medidas que se recogen en el siguiente Decálogo por la transparencia y la integridad:- 1. Tramitación urgente de una ley de transparencia y acceso público a la información, que incorpore procesos y órganos que den garantías de su adecuada implantación: España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo. Los ciudadanos españoles tienen el derecho a saber, a conocer todo lo que se hace, cómo se hace, y cuánto se gasta para hacerlo, en cualquier institución pública, y por tanto a disfrutar de este derecho fundamental en los mismos términos que los restantes ciudadanos europeos. En el plazo máximo de seis meses a partir de la celebración de las elecciones generales debería comenzar la tramitación parlamentaria de esta ley de transparencia.- 2. Creación de un portal nacional de transparencia pública. Paralelamente a la citada ley, este portal de transparencia debería poner a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo sector público español, es decir, no solo de las entidades fundamentales de ámbito estatal, autonómico, provincial y municipal, sino también del amplio elenco de los restantes entes públicos: empresas, organismos autónomos, fundaciones, agencias, mancomunidades, consorcios, etcétera, ya que son entidades todas ellas financiadas por los propios ciudadanos.- 3. Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción. Los partidos políticos podrían explicitar su integridad y dar una imagen pública más favorable evitando que procesados por corrupción pudieran formar parte de las listas electorales.- 4. Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos. De esta manera los ciudadanos podrían así excluir a aquellos candidatos no deseados, o que no les ofrecen garantías de integridad y/o competencia.- 5. Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses. Todos los cargos públicos electos deberían así formular y hacer pública una información que ya es obligatoria legalmente en muchos casos y que, sin embargo, no se llega a cumplir adecuadamente en la práctica.- 6. Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del GRECO. En su último informe (mayo de 2011), el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa señala una serie de importantes deficiencias e insuficiencias en lo que respecta a la transparencia de los partidos políticos españoles en cuanto a sus fuentes de financiación y sus cuentas, evidenciando la necesidad de una mayor información acerca de los préstamos recibidos, las fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etcétera.- 7. Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus cuentas electorales. Dado que una proporción claramente mayoritaria de los recursos financieros de los partidos políticos es la aportada por los ciudadanos, deberían rendir cuentas a estos y hacer públicas dichas cuentas.- 8. Aprobación de una ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas e ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. España debería ponerse a la altura de otros muchos países en cuanto a la protección jurídica de aquellos ciudadanos que con una conducta ética y solidaria se atreven a denunciar las prácticas corruptas o ilegales que existen fehacientemente en sus propias instituciones.- 9. Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los altos cargos y a los cargos directivos de las fundaciones y las empresas públicas, deberían publicarse además los currículos de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.- 10. Promover un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del Gobierno, y coordine las actuaciones en la materia.Aparte de estas 10 medidas fundamentales que integran el Decálogo, sería conveniente que los partidos políticos asumiesen adicionalmente o apoyasen las siguientes actuaciones:1. Creación de un órgano o consejo de transparencia e integridad, no remunerado, con representación plural de los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil. Este órgano plural debería impulsar y velar por la transparencia pública, y promover el cumplimiento de medidas como las señaladas en el anterior Decálogo.2. Propiciar la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.3. Implantación efectiva por los partidos políticos de un sistema permanente de control interno para prevenir y detectar posibles actuaciones corruptas, así como el correspondiente régimen de sanciones.4. Con vistas a fomentar los principios constitucionales de transparencia, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas, se deberían llevar a cabo los siguientes programas de modernización:a) Análisis y racionalización de los procesos administrativos con vistas a la simplificación de los trámites burocráticos de los servicios públicos, y publicación periódica de los correspondientes indicadores y resultados.b) Desarrollo de la contabilidad analítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicosc) Evaluación y publicación de los costes y beneficios que proporciona cada una de las distintas instituciones públicas a los ciudadanos.d) Establecimiento e impulso de un sistema de propuestas y sugerencias por parte de los empleados públicos para el ahorro de gastos en sus respectivas instituciones (con el posible establecimiento de premios o incentivos para las mejores iniciativas).En resumen, la asunción y desarrollo de los principios y medidas anteriormente enunciados permitiría, por una parte, incrementar de forma importante el nivel de transparencia y eficacia de las instituciones públicas españolas; por otra parte, aumentaría el nivel de integridad y apertura informativa de los partidos políticos, lo cual contribuiría a una mejor imagen y un acercamiento a los mismos de los ciudadanos, y por supuesto contribuiría notablemente a combatir esa importante lacra social que es la corrupción, dado que el mejor antídoto contra la misma es sin duda la transparencia. Con todo ello, no solo no se daña la recuperación de nuestra economía, sino que, por el contrario, se ponen piezas fundamentales para el avance de la misma. Por todo ello, renovamos nuestra petición de que se incorporen estas medidas a los programas electorales, así como todas aquellas que favorezcan mayor transparencia, participación y rendición de cuentas de los poderes públicos y los partidos políticos.Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Álvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta integran el Comité de Dirección de Transparencia Internacional España.EL PAÍS* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de octubre de 2011.

Varias regiones de España incluyen evaluaciones generales de la transarencia de os organismos obligados. lo cual es un trabajo penoso y manual,. La definición de una serie de etiquetas técnicas conjuntamente con la información (que pueden estar ocultas al usuario) permite que sistemas automatizados recueren de forma automática toda la información y su evaluación se simplifique en ordenes de mágnitud en cuanto a sus necesidades de recursos pudientose hacer muchos más frecuente y mucho más detallada.