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Comisionado de la Transparencia

Código de la propuesta: CYL-2019-11-6109

El Comisionado de la Transparencia y Procurador del Común ha pedido más medios materiales, humanos y jurídicos para poder ejercer su labor en esta materia y una reforma legislativa que permita el empleo de medios adecuados como la imposición de multas coercitivas ante el incumplimiento voluntario de las resoluciones del Comisionado. Afirmó que existen «luces y sombras» en la implantación de la publicidad activa y acceso a la información recogida en la Ley de Transparencia.Citó la inexistencia en la norma de un régimen sancionador para los posibles incumplimientos, lo que dificulta su actuación por lo que abogó por una reflexión sobre la conveniencia de que su institución pueda imponer multas coercitivas ante la falta de cumplimiento voluntario de las resolucionesSeñaló que su trabajo se encuentra condicionado por el elevado número de sujetos obligados con la normativa, al ser más de 5.000, y por la ausencia de mecanismos formales y de medios y personales.En relación con la publicidad de información o publicidad activa, manifestó que el Portal de Gobierno Abierto de la Junta es en «exceso conformista, tanto en la claridad de la información publicada, como respecto de la facilidad de acceso a esta». Según estimó, las modificaciones introducidas en 2018 se han centrado en el incremento de contenidos publicados, pero son mínimas en la accesibilidad o su posible reutilización.Declaración de CádizFormulada en 2018 por todos los organismos encargados de velar por la transparencia, y que habla explícitamente de la necesidad de dotar de medios humanos y económicos suficientes a los órganos de garantía, lo que en opinión del Comisionado 'afecta especialmente a Castilla y León', ya que la normativa actual 'no sólo no ha previsto medios específicos' sino que 'prohíbe la disposición de otros medios que no sean los propios del Procurador del Común'.“Demandamos una reforma que ahonde, profundice y mejore las garantías que el derecho de acceso y la transparencia activa han supuesto hasta la fecha en nuestro país, tanto a escala estatal, autonómica como local. Entre estas reformas consideramos necesarias: consagrar el derecho de acceso como un derecho fundamental, la dotación de medios humanos y económicos suficientes para los órganos de garantía, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios” (Declaración de Cádiz, 28 de septiembre de 2018).Declaración de Málaga“Una política diseñada para impulsar la apertura de nuestras instituciones, Administraciones Públicas y entidades privadas de relevancia social o perceptoras de fondos públicos, y garantizar su funcionamiento abierto a la mirada y al escrutinio de la ciudadanía, se ha visto desbordada por la aparición de nuevos requerimientos de integridad pública y lucha contra la corrupción y de participación ciudadana, que han puesto sobre la mesa distintas demandas adicionales a la transparencia en sí misma considerada. Estas demandas van de la regulación de los grupos de interés a la protección de los denunciantes o la persecución de las malas prácticas en la contratación pública o la política de subvenciones de las Administraciones.Hoy día es necesario conectar la transparencia con las medidas de Gobierno Abierto, el establecimiento de Códigos Éticos en las personas públicas y privadas, la apertura de registros de lobbies y lobistas, la publicación de las agendas de trabajo de los Altos Cargos y Autoridades públicas e, incluso, con las modernas tecnologías basadas en el big data y la inteligencia artificial que permitirán a las Autoridades de control y a los órganos de garantía conocer de antemano, a través de sistemas de alerta temprana, los puntos de los procesos de trabajo y los procedimientos administrativos en que pueden producirse desviaciones de la normativa o prácticas fraudulentas o corruptas.También es el momento de incorporar al ordenamiento jurídico un sistema de protección e indemnidad a aquellos ciudadanos que tienen evidencias de prácticas corruptas, para que contribuyan a formar una red pública de vigilancia contra la corrupción pública o privada. Y es hora de avanzar en el desarrollo teórico y jurídico de conceptos en los que se trate la transparencia, la participación, la ética pública o el gobierno abierto como diferentes manifestaciones de un mismo “poliedro”; caras de un mismo “proyecto de la transparencia”. No es conveniente tratar separadamente aspectos de una misma realidad pues ello distorsiona la solución integral y global del problema” (Declaración de Málaga, 2 de octubre de 2019).