(2021/06) Anteproyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (Cerrado)
En qué consiste
Mediante la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se estableció el régimen jurídico aplicable al ejercicio del alto cargo en el ámbito de la Administración de la Comunidad, con la finalidad de modernizar la regulación hasta entonces existente y dotarla de una mayor sistemática, consolidar el proceso de regeneración democrática e incrementar la transparencia en todas aquellas cuestiones que forman parte de la condición y del ejercicio de las funciones del alto cargo.
Esta modificación resultó necesaria ante la transformación operada en las Administraciones públicas por las leyes sobre transparencia y buen gobierno que, además de incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, demandan de quienes ocupan las máximas posiciones dentro de los órganos administrativos una actuación exenta de cualquier circunstancia que pueda afectar al correcto desempeño de sus responsabilidades.
El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, pone de manifiesto la conveniencia de modificar algunos de los aspectos que se recogían en ella, con el fin de avanzar en la consolidación de los principios de transparencia y buen gobierno, en cuanto principios inspiradores de la transformación de la forma de actuar de quienes tienen encomendadas las funciones de mayor relevancia en la gestión pública.
Se pretende que el incremento de la transparencia desde el mismo momento del nombramiento del alto cargo contribuya a generar en la ciudadanía una mayor confianza en aquellas personas que van a ocupar los puestos de máxima responsabilidad. Esta confianza se ve reforzada al hacer públicos los perfiles y trayectorias de las personas designadas, lo que asegura en mejor medida el escrutinio público sobre su idoneidad para el ejercicio del cargo.
Asimismo, el carácter público de los documentos que deben obrar en el Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos constituye, a su vez, un valioso instrumento de control sobre la gestión que realizan los titulares de los diferentes órganos que, además de eficaz, debe desarrollarse con absoluta imparcialidad e independencia para prevenir posibles conflictos entre los intereses privados y el ejercicio de los cargos públicos y asegurar que, en el caso de que estos se originen, existan mecanismos que los resuelvan eficazmente.
Fecha de publicación 3 de junio de 2021
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 09:00 horas del 14 de junio de 2021.