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(2019/09) Procedimiento para la elaboración de un decreto por el que se regula la adquisición centralizada de bienes y servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (Cerrado)

En qué consiste

Trámite de Consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de las normas

De conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de los proyectos o anteproyectos de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública.

Consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de un decreto por el que se regula la adquisición centralizada de bienes y servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

 

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

Adaptar la regulación de la adquisición centralizada al nuevo régimen que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.

El Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la adquisición centralizada en la Administración de la Comunidad de Castilla y León disciplinó la normalización y homologación de bienes y servicios para su adquisición centralizada en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Su aplicación ha puesto de manifiesto que la agregación de la demanda de bienes y servicios de utilización común en la Administración, mediante su contratación centralizada por un servicio especializado, hace más eficiente la gestión, permite obtener economías de escala y reducir precios y costes de transacción.

Por otro lado, los cambios producidos en la normativa comunitaria y estatal en materia de contratación desde la aprobación del Decreto 51/2003, de 30 de abril, así como la implantación en la Administración de la Comunidad Castilla y León de un sistema de información que ha automatizado todos los procedimientos de contratación en todos los órganos de contratación, aconsejan una nueva regulación.

 

c) Objetivos de la norma.

Adaptar la normativa autonómica a la regulación que legislación básica estatal hace de los acuerdos marco como técnica para racionalizar la contratación de bienes y servicios al servicio de las centrales de contratación de las entidades del sector público.

Esta norma permitirá mejorar la eficacia en la tramitación de los expedientes de contratación y la seguridad jurídica, al clarificar las competencias de los órganos de contratación.

 

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

No se aprecia ninguna.

Fecha de publicación 20 de septiembre de 2019.

El plazo para realizar aportaciones a esta consulta previa finalizó a las 14:00 horas del 30 de septiembre de 2019.