(2019/09) Procedimiento para la elaboración de una Ley que regule la tramitación de las denuncias que reciba la Administración Autonómica sobre delitos contra la A. Pública e incumplimientos del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos (Cerrado)
En qué consiste
Trámite de Consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de las normas
De conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de los anteproyectos de ley o de proyectos de normas reglamentarias , se sustanciará una consulta pública.
Consulta pública previa en el procedimiento para la elaboración de una Ley por la que se regula la tramitación de las denuncias que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública e incumplimientos del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos y se establecen los derechos y garantías de los denunciantes.
a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
Transcurridos casi tres años desde la entrada en vigor de la Ley 2/ 2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública y se establecen las garantías de los informantes, se considera conveniente profundizar en los mecanismos de protección de aquellos empleados públicos que presenten denuncias en este ámbito, para lo que resulta necesario aumentar la confianza de los denunciantes mediante el reconocimiento de mayores derechos y garantías.
b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.
La implantación de la cultura de la transparencia en las Administraciones Públicas ha llevado a la aprobación en los países de nuestro entorno de normativas que favorecen la participación de los propios empleados públicos en la prevención de aquellas conductas reprochables dentro de la Administración.
Ello implica la necesidad de impulsar entre el personal de la Administración de Castilla y León una cultura de responsabilidad en la lucha contra estas conductas, que debe ir acompañada de la protección necesaria que garantice la indemnidad en sus puestos de trabajo.
c) Objetivos de la norma.
Regular la tramitación de las denuncias que presente el personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, los órganos colegiados integrados en la Administración Pública en cuya composición participe, con carácter exclusivo, este personal y los miembros de aquellos a título individual, ante posibles delitos contra la Administración Pública o incumplimientos del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León e incrementar los derechos y garantías de los denunciantes.
d) Posibles soluciones regulatorias y no regulatorias
No existe otra solución alternativa a la regulación de esta materia mediante norma con rango de ley.
Fecha de publicación 18 de septiembre de 2019.
El plazo para realizar aportaciones a esta consulta previa finalizó a las 14:00 horas del 30 de septiembre de 2019.
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