En qué consiste
El objeto de la norma se concreta en establecer el procedimiento para la reserva de plazas en el transporte público regular de viajeros de uso general de titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León por la consejería competente en materia de educación, para el transporte de los escolares a los que la normativa vigente en materia de transporte escolar en Castilla y León, reconozca el derecho al servicio de transporte escolar. El objetivo principal de la regulación contenida en el proyecto es dar respuesta eficiente a una de las singularidades de movilidad propias de Castilla y León, determinada en este caso por la ruralidad del territorio y la baja densidad de población, que ocasiona en muchos casos, que los autobuses dedicados al transporte escolar no vayan completos o que incluso coincida prácticamente en horario y núcleos de población con el autobús que realiza el transporte regular de uso general y en el que igualmente hay plazas libres.
Esta forma de prestación del transporte permite, además de una eficiente asignación de los recursos públicos, una mayor oferta del transporte público a muchos ciudadanos, fundamentalmente de las zonas rurales, mejorando las conexiones con destino a la localidad donde están ubicados los centros escolares, y que es, por lo general, el núcleo de referencia de la zona (usos comerciales, administrativos, de ocio, sanitarios, etc.). Todo ello, respetando las condiciones de seguridad, características técnicas de los vehículos y resto de exigencias previstas en la normativa específica para el transporte de escolares y menores. El valor añadido que aporta esta regulación en Castilla y León, deriva del control de la seguridad del uso compartido, mediante la aplicación del sistema de transporte a la demanda a su gestión, que permite conocer previamente el número de usuarios no escolares y, de esta forma, programar adecuadamente las reservas y el propio viaje. La posibilidad de esta reserva de plazas lleva siendo una realidad en Castilla y León, desde junio del año 2013 cuando se puso en marcha un proyecto piloto, otorgándola posteriormente un marco jurídico específico que se concretó en la Orden HAC/668/2014, de 21 de julio y su modificación por Orden HAC/750/2014, de 26 de agosto, y que ahora se derogan.
El proyecto de decreto se justifica precisamente en la necesidad de adecuar al rango reglamentario, la regulación contenida en las citadas Órdenes, como instrumento normativo adecuado para regular las posibles situaciones jurídicas que puedan afectar a los concesionarios del transporte público regular de uso general y a los ciudadanos, tal y como han señalado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su Sentencia nº 289, de fecha 26 de febrero de 2016, y la sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 1121/2018, de 2 de julio de 2018.
Fecha de publicación 17 de diciembre de 2018.
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 14:00 horas del 2 de enero de 2019.
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