Volver

Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 20/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de Comedor Escolar en la Comunidad de Castilla y León

En qué consiste

El Decreto 20/2008, de 13 de marzo, regula el servicio público de comedor escolar la Comunidad de Castilla y León, configurándolo un servicio complementario de carácter educativo. En el momento de su aprobación, el citado Decreto estableció en el artículo 10, entre las modalidades de gestión del servicio de comedor escolar, la contratación del servicio a través de un contrato de gestión de servicio público, el cual según el artículo 11 adoptaría la modalidad de la concesión en los términos determinados por la normativa de contratación administrativa entonces vigente.

Sin embargo, con la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público y surge en su lugar, la nueva figura de la concesión de servicios, reservándola a los casos en que haya transferencia del riesgo operacional de la Administración al concesionario. Por el contrario, cuando el riesgo operacional lo asuma la Administración, estaremos ante un contrato de servicios, creándose dentro de este contrato de servicios una nueva figura: la del contrato de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía, en el caso de los contratos de servicios que tienen por objeto la prestación de un servicio público.

A la luz de este nuevo marco normativo, tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia han venido señalando de forma reiterada que el servicio de comedor escolar, en los términos en que se configura en el ámbito educativo, no implica la asunción por el contratista de un riesgo operacional en los términos exigidos por la normativa vigente. En particular, la fijación de precios por la Administración, la garantía de la demanda vinculada a la escolarización obligatoria, la existencia de ayudas económicas a las familias, que aseguran el pago total o parcial del servicio y reducen la incertidumbre sobre los ingresos del contratista, y el fuerte grado de intervención pública en la organización y control del servicio determinan que el contratista no asuma el riesgo de explotación propio de las concesiones.

En consecuencia, si la prestación del servicio de comedor escolar no implica la transferencia al contratista de un riesgo operacional, su instrumentación deberá realizarse mediante el contrato de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía. Esta circunstancia hace necesaria la adaptación del Decreto 20/2008, de 13 de marzo, a la normativa contractual, modificándose el régimen de gestión previsto en el citado decreto, configurándolo como contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, sin perjuicio del mantenimiento de otras fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico, como el convenio de colaboración con entidades públicas. Asimismo, es necesario incluir a lo largo del articulado el régimen jurídico del citado contrato, declarando expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia de la misma, determinando el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regulando los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

La presente modificación del decreto se adecúa a los principios de buena regulación. En su elaboración se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los de coherencia, accesibilidad y responsabilidad, que añade en su artículo 42 la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.

En atención a los principios de necesidad y eficacia, la presente modificación del decreto responde a una razón de interés general, consistente en adaptar la regulación del servicio público de comedor escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León al marco jurídico establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en particular en lo relativo a la correcta calificación de su régimen contractual conforme al criterio del riesgo operacional, garantizando su adecuación a la normativa vigente.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, esta modificación incorpora exclusivamente las adaptaciones imprescindibles para dar cumplimiento a las exigencias derivadas de la normativa básica estatal en materia de contratación pública, habiéndose optado por la modificación del decreto vigente por constituir el instrumento normativo idóneo y suficiente para introducir los cambios necesarios sin alterar la estructura general de la regulación existente.

Para garantizar los principios de seguridad jurídica y de coherencia, esta modificación se integra de manera coherente en el conjunto del ordenamiento jurídico, reforzando la necesaria congruencia entre la normativa autonómica y la legislación básica estatal, en particular la establecida por la ya mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A tal efecto, se procede a alinear expresamente la regulación del servicio público de comedor escolar con los criterios legales que delimitan las distintas figuras contractuales existentes en el vigente marco normativo, especialmente en lo relativo a la exigencia de transferencia de riesgo operacional como elemento definidor de las concesiones.

Del mismo modo, la modificación toma en consideración la doctrina consolidada y la jurisprudencia recaída en la materia, que han puesto de manifiesto la inadecuación de la figura concesional para este tipo de servicios en el ámbito educativo, contribuyendo así a una interpretación uniforme y previsible del régimen jurídico aplicable. Con ello se dota de mayor certeza a los órganos de contratación y a los operadores económicos y se previenen eventuales conflictos jurídicos en la tramitación y ejecución de los futuros contratos.

En relación con el principio de eficiencia ha de ponerse de manifiesto que la aprobación de esta modificación de decreto no impone nuevas cargas administrativas y su aplicación supondrá una correcta racionalización de la gestión de los recursos públicos.

Por otro lado, se garantiza tanto el principio de accesibilidad a través de una redacción clara y comprensible de la norma, en la que se ha tenido en cuenta las directrices de técnica normativa que se contienen en la Resolución de 20 de octubre de 2014, del Secretario General de la Consejería de la Presidencia, por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración de los documentos que se tramitan ante los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, como el principio de responsabilidad que supone la determinación de los órganos responsables del procedimiento incluido en la norma.

Esta fase del proceso todavía no está abierta