Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 25 de junio de 1998, de la Consejería de Economía y Hacienda, de desarrollo del Decreto 82/1994, de 7 de abril, que regula la actividad recaudatoria de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

En qué consiste

La atribución de competencias a los órganos de recaudación en el ámbito de la Administración Tributaria Autonómica se encuentra regulada en la Orden de 25 de junio de 1998, de la Consejería de Economía y Hacienda, de desarrollo del Decreto 82/1994, de 7 de abril, que regula la actividad recaudatoria de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En la citada Orden se distribuyen las competencias en el ámbito de la recaudación entre el titular de la Consejería competente en materia de hacienda, el Servicio de Recaudación, los Servicios Territoriales de Hacienda y las actuales Unidades de Tesorería y Recaudación.

Con ocasión de la entrada en vigor de la Orden PRE/161/2025, de 18 de febrero, por la que se modifica la Orden PRE/811/2022, de 1 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Territoriales de Hacienda de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, se hace necesario modificar esa distribución de competencias, para adaptarla a las nuevas funciones asumidas por los titulares de las jefaturas de los Servicios Territoriales de Hacienda.

Por otro lado, con el objetivo de simplificar las cargas administrativas en la concesión de aplazamientos y fraccionamientos, otorgar facilidades al obligado al pago para el cumplimiento de sus obligaciones de derecho público ante posibles dificultades económico-financieras de carácter transitorio, mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, y homogeneizar el límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas derivadas de tributos propios y otros ingresos de derecho público cuya gestión corresponda a la Administración Tributaria Autonómica, se considera adecuado elevar el límite de la exención de garantía previsto en la actualidad, 6.000 euros, hasta un importe de 50.000 euros.