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(2021/10) Procedimiento para la elaboración de un decreto por el que se regula la Inspección General de Servicios. (Cerrado)

En qué consiste

Consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de la normas

De conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de los anteproyectos de ley o de proyectos de normas reglamentarias, se sustanciará una consulta pública.

 A tal efecto se propone la consulta pública previa en el procedimiento para la elaboración de un decreto por el que se regula la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a fin de que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar activamente en el proceso de su elaboración y realizar cuantas aportaciones considere.

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

Las posibles irregularidades administrativas, así como las malas prácticas administrativas, entendidas como aquellas actuaciones de la administración que pueden propiciar el incumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, eficacia y eficiencia, afectan no solo al prestigio y a la legitimidad de la administración, sino que también disminuyen su eficacia y eficiencia en sus actuaciones. Ello determina que sea necesario reforzar y actualizar la Inspección General de Servicios, cómo órgano de control interno que se encarga de vigilar y comprobar que las actuaciones del personal y la prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se adecúan a las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes en cada caso.

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación

Resulta necesario avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de control de la integridad en las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Para ello resulta conveniente reforzar la estructura, competencias y funciones de la Inspección General de Servicios, así como impulsar las funciones de prevención e investigación de irregularidades.

c) Objetivos de la norma

Con la presente modificación se pretende adecuar tanto el ámbito de actuación como las funciones de la Inspección General de Servicios a las nuevas necesidades que demandan los ciudadanos, que exigen un control exhaustivo de posibles malas prácticas por parte de la administración que puede propiciar el incumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, así como el control de posibles irregularidades administrativas. Todo ello con la finalidad de velar por el mejor funcionamiento de los servicios públicos, conseguir que la legalidad, la eficacia y la eficiencia sean una constante en la actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como implantar una cultura de ética pública en la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, es preciso adaptar la regulación actual a la normativa que durante estos últimos años se ha aprobado, tanto a nivel regional, como nacional y europeo, en materia de transparencia, participación ciudadana, ética pública y buenas prácticas, así como fomentar la innovación continua en la metodología y la organización interna del trabajo de la Inspección General de Servicios, a fin de lograr en todo momento la necesaria adecuación al entorno sobre el que se proyecta su actividad.

d) Posibles soluciones regulatorias y no regulatorias

No existe otra solución alternativa a la regulación de esta materia mediante norma con rango de decreto.

 

 

Fecha de publicación 20 de septiembre de 2021

El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 14:00 horas del 1 de octubre de 2021.