La promoción interna constituye un derecho individual de los empleados públicos, que debe llevarse a cabo mediante se realizará mediante procesos selectivos que garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, consistirán en la superación de pruebas tendentes a acreditar la adecuación de los aspirantes al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. Tales previsiones, de carácter básico, impiden la utilización de bolsas de empleo como las aludidas en la aportación, para el ingreso en Cuerpos, escalas o competencias funcionales.