Se ha valorado como actuación de interés público y en beneficio de los destinatarios de la norma acometer en esta legislatura el desarrollo legislativo del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, actuación normativa que resulta imprescindible habida cuenta de que la actual Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León data de una época anterior al dictado de la Ley del citado Estatuto aprobado en 2007 y que, a su vez, fue objeto de sucesivas modificaciones e incorporaciones de preceptos dispersos en diferentes normas, finalmente refundidas y armonizadas en el Real Decreto Legislativo de 2015, y que, a su vez, se ha visto modificado de nuevo en los últimos años. Dado su carácter de norma básica, la ley autonómica se ha visto precisada de diferentes modificaciones parciales para su adaptación a los cambios operados en la materia por el legislador estatal. La sucesión de modificaciones legislativas desde que en 2007 se aprobara el primer texto del Estatuto ha dejado obsoletas numerosas normas autonómicas en la materia que conviene actualizar de forma global, dotando de seguridad jurídica a los sujetos a los que se dirige y facilitando la aplicación normativa a los distintos operadores jurídicos.