Proceso de legislación colaborativa
(2020/12) Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. (Cerrado)
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La tortura nunca podrá ser arte ni cultura.
Código de la propuesta: CYL-2020-12-6693
La tortura nunca puede considerarse cultura. A lo largo de la historia habrá podido ser divertimento, como muchas otras atrocidades del pasado. Pero es inconcebible que a día de hoy la sangre, el dolor, el abuso, el maltrato y la muerte, sean un espectáculo. Menos aún financiado y/o protegido o amparado en una Ley de nuestra época y en base a los principios éticos y morales en los que nuestra sociedad debe desarrollarse y legislar. Burda y grotesca actividad que no crea nada que pueda incluirse en “arte” o “cultura” La evolución, el civismo, la empatía, el respeto, la no violencia y la razón son más que suficientes para tumbar la irreal justificación de algunos con “la tradición del pasado”, que en cualquier caso, no es fuente de derechos contra aquellos que no tienen voz, y va en detrimento de una sociedad que no está a favor de la crueldad. Respaldar la tortura, por placer o diversión, en este caso de un toro, es torturar la conciencia de una sociedad.
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Entre las sugerencias recibidas se identifican algunas que solicitan el establecimiento de nuevas subtipologias, la declaración singular (por ministerio de la Ley, se entiende) de determinados bienes o actividades existentes en la Comunidad (por ejemplo, Fiestas, Conjuntos industriales) o bien al contrario, se solicita que la Comunidad no considere bienes protegidos (BIC) fiestas o festejos en los que se produzca maltrato animal.El anteproyecto de Ley no contempla, como no puede ser de otra forma, cuestiones particulares ni concreta la diferente casuística de bienes o actividades concretas. Lo que hace el texto de la propuesta es definir la tipología de los distintos bienes (muebles, inmuebles, inmateriales) y el régimen de protección que pueden alanzar para asegurar su conservación y transmisión a las generaciones futuras. Así como las condiciones para alcanzar dicha protección y los efectos de la misma.Todo ello con procedimientos reglados en los que la participación pública está garantizada.