(2020/06) Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la Comunidad de Castilla y León. (Cerrado)
En qué consiste
El desarrollo del derecho a la transparencia tiene que ver con el logro de uno de los objetivos proclamados en el preámbulo de la Constitución Española, que es el establecimiento de una sociedad democrática avanzada. A ella se hace referencia en numerosos artículos de la Constitución Española de 1978: el artículo 1.1 declara que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; el artículo 9.2 atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de facilitar la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social; el artículo 105. b) establece que la ley regulará el acceso de la ciudadanía a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
En Castilla y León, la transparencia y la participación de todos están presentes en el Estatuto de autonomía de 1983. En el artículo 11 se recoge el derecho que todos tenemos a participar en los asuntos públicos de la Comunidad, directamente o por medio de representantes; el artículo 12 c) establece que la ley garantizará el acceso a los archivos y registros administrativos, a los documentos de las instituciones y administraciones públicas de Castilla y León y a la información administrativa, con las excepciones que legalmente se establezcan; y su artículo 8 atribuye a los poderes públicos de Castilla y León la responsabilidad de facilitar la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social.
Nuestra administración inició su andadura en la apertura y difusión de la información pública y en la implantación de nuevos cauces para la participación ciudadana en la toma de decisiones con antelación a la normativa estatal básica de transparencia, con la aprobación en 2012 del Modelo de Gobierno Abierto por Acuerdo 17/2012, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León,
Posteriormente, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, ofreció cobertura normativa a este proceso, si bien con un impacto relativo como consecuencia de un impulso muy tímido de la publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública, y dejando fuera actores públicos muy relevantes en esta Comunidad Autónoma como son sus entidades locales. En el contexto global de las iniciativas autonómicas de desarrollo de la normativa básica estatal en materia de transparencia, la ley ha demostrado ser una norma que no ha respondido como se esperaba a las demandas y exigencias de la sociedad.
Inicialmente se pensó en abordar una modificación de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, pero finalmente se impone la necesidad de aprobar una nueva ley que derogue la práctica totalidad de aquella, a excepción de su título III, que se mantendrá en vigor en tanto se acometa una iniciativa específica que contemple de forma integral la participación de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos.
Con estos antecedentes, la pretensión de anteproyecto de ley es afrontar los importantes y crecientes retos de nuestro tiempo en el diseño y puesta en marcha de una verdadera política autonómica de transparencia, que involucre a todos y a todos comprometa de alguna manera, para seguir fortaleciendo la democracia y el funcionamiento de las instituciones, mejorar la vida de los ciudadanos y sirva, por qué no, para impulsar también el crecimiento y desarrollo de nuestra tierra.
Estas son algunas de las finalidades que esta ley persigue. Y también lo es el fomento de la participación ciudadana gracias a un mejor acceso a la información, lo que posibilitará una mayor presencia activa y responsable de la sociedad en los asuntos colectivos, o la mejora de la eficiencia en la gestión pública al exponer sus resultados al escrutinio de todos.
La ley se integra en el ordenamiento básico aprobado por el Estado en los tres grandes ámbitos que se regulan, y que está conformado esencialmente por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Es, por tanto, una norma que dota de estabilidad, predictibilidad, claridad y certidumbre suficientes al sistema de transparencia pública que la ley contempla.
Fecha de publicación 15 de junio de 2020
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 14:00 horas del 25 de junio de 2020.
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