En primer lugar, desde esta Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación, les queremos agradecer su contribución para la mejora del proyecto de Decreto. La actividad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León está sometida al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico español brinda una elevada protección a los derechos y libertades fundamentales que son interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por España. Esos mismos tratados de derechos humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea forman parte del ordenamiento interno y complementan el catálogo de derechos y libertades de la Constitución Española. Igualmente, nuestro estatuto de autonomía también recoge en los capítulos 1 y 2 de su Título I, como no podía ser de otra manera, un amplio catálogo de derechos.Estamos ante un proyecto que pretende mejorar el funcionamiento de la administración y la rendición de cuentas, por lo que agradecemos su sugerencia.