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Ordenación Territorial: cúmulo de despropósitos

Código de la propuesta: CYL-2020-01-6266

Se empeña la Administración Regional en seguir dando la información de forma sesgada en este vía crucis en que se ha convertido la ordenación territorial. Así, la voluntariedad de pertenecer a las Mancomunidades de Interés General es hipotética, ya que está a expensas de la normativa que regule la distribución de competencias que determinará cuales de ellas van a ser obligatorias y quién las va a ejercer.Este proceso de ordenación territorial no va a aportar nada positivo porque la hipotética prestación de servicios que se quiere dar no va a mejorar a la que están prestando los propios municipios, ya sea por sí mismos o a través de las actuales Mancomunidades. Mancomunidades que sí han sido creadas de forma voluntaria, por localidades de características homogéneas, y que están prestando los servicios que sus municipios integrantes demandan (ni más ni menos).Como los Ayuntamientos han sido remisos a involucrarse aparece la Junta de Castilla y León con unas limosnas en forma de ridículas subvenciones para despistar, es la zanahoria que le ponen al jumento para que tire por la carga (migajas para hoy, hambre para mañana).Si quieren que este proceso no suponga un rotundo fracaso sería imprescindible modificar, entre otros, algunos aspectos relacionados con las mancomunidades de interés general rurales:- Que se clarifique la normativa competencial, estableciendo que los municipios puedan seguir prestando directamente los servicios básicos tradicionales (abastecimiento, saneamiento, pavimentación, caminos, cementerio, alumbrado público, zonas verdes,...), de forma íntegra, siempre que lo deseen y tengan capacidad para gestionarlos. Para ello es imprescindible que el catálogo de competencias de las MIG Rurales no esté cerrado ni sea de obligado cumplimiento, como se pretende, sino abierto y voluntario para que cada Ayuntamiento pueda decidir el escalón en el que ejercer cada competencia de forma más satisfactoria. Es decir, que se equiparen las MIG rurales a las urbanas en cuanto a la posibilidad de elegir de cada municipio qué competencias quiere prestar a través de la Mancomunidad y cuáles van a seguir prestándose desde el propio municipio.- Eliminar el siguiente condicionante recogido en diversa normativa: “El acuerdo plenario del municipio de aprobación de los estatutos de una mancomunidad de interés general rural, y mientras pertenezca a esta asociación, conlleva necesariamente, respecto a las funciones de coordinación de la correspondiente Diputación Provincial, la manifestación posterior de la conformidad del municipio a la propuesta que pudiera hacer la Diputación Provincial sobre la forma de prestación de servicios que consista en la implantación de una gestión compartida a través de mancomunidad, y la consiguiente manifestación de disconformidad con la propuesta de cualesquiera otras formas de gestión”. Esta imposición, junto con la de la cartera cerrada de servicios, es simplemente infumable, reprobable y de dudosa legalidad; ya que suponen agravio comparativo, utilizado para obligar a los Ayuntamientos a integrarse, pero sin atreverse a decirlo abiertamente..- En resumen, que se respete la autonomía de cada municipio para decidir su integración o no en otros entes de ámbito superior para la prestación de los servicios de competencia municipal; ya que puede ser positivo crear instrumentos para prestar servicios, pero no obligar a su uso.Para llevar a cabo cualquier proceso de este tipo con un mínimo de rigor hay que establecer encuentros al mismo nivel, en los que haya una participación real de los pequeños municipios, con estudios minuciosos de las propuestas, estableciendo puntos de encuentro y explicando qué y cómo se quiere gestionar, cuantificando el coste y especificando el modo de financiación. Ya que antes de pasar a formar parte de cualquier organización hay que saber qué se va a gestionar, qué puede aportar a sus miembros y qué se exige de ellos. Con el añadido de que en los núcleos rurales hay que barajar otros aspectos en relación con los posibles órganos prestadores de servicios: MIG rurales, mancomunidades tradicionales, etc. Además, la constitución de mancomunidades ya era posible antes del inicio de todo este proceso, por lo que se podrían haber ahorrado toda esta parafernalia que lo único que implica es el disparate de la proliferación de órganos.En vez de dedicarse a vender humo y elixires mágicos desde un púlpito deberían explicarnos que ha pasado con las alegaciones presentadas por los municipios a lo largo de todo el proceso, y pedir perdón por haber hecho caso omiso a las mismas.Los impulsores de este proceso están mostrando un total desconocimiento de los municipios a pesar de ser una de sus principales obligaciones. Así, por ejemplo, el concepto de Área Funcional Estable y la posterior creación de una Mancomunidad urbana podría caber en entornos de grandes ciudades rodeadas de núcleos de cierta entidad, en las que se podrían compatibilizar servicios meramente urbanos. Pero en zonas en declive, en la que el principal núcleo está en regresión, con cada vez menor población y actividad, y rodeada de pequeños núcleos eminentemente rurales, estos órganos tienen poco recorrido. No hay que olvidar que estamos hablando de servicios municipales y no autonómicos; y para cambiar una bombilla, arreglar un bache o podar un árbol no hace falta la existencia de diferentes órganos y la privatización de servicios, con un simple alguacil se resuelve el problema de forma mucho más rápida, económica y eficaz (a no ser que se quiera financiar empresas familiares, partidos políticos o a los grandes municipios).Por otra parte, y a propósito de la terminología utilizada, creo que se ha incorporado de forma artificial y desafortunada el término alfoz; ya que, además de no ser de uso tradicional, denota evocaciones medievales (señores y siervos, derecho de pernada,…). Aunque puede que les haya traicionado el subconsciente y sea lo que pretenden; esto es, esquilmar los recursos de los pequeños municipios para financiar a los más grandes bajo el sistema de la imposición y la opresión.La agrupación de servicios los aleja de los ciudadanos que deben disfrutar de ellos, y dicha lejanía al final produce abandono. En una población envejecida se necesitan planes que acerquen los servicios al usuario (servicios sociales, una sanidad no recortada en horarios ni en recursos, transporte interurbano eficaz,…), que sean ejercidas por quien realmente tiene las competencias, y no escurriendo el bulto intentando que sean asumidas por quien no le corresponde.Los esfuerzos baldíos e inoperantes que se están haciendo con este despropósito de la ordenación territorial podrían haberse volcado en iniciativas para el desarrollo de nuestros pueblos y así evitar la sangría poblacional que se está produciendo (apoyo a las actividades productivas, incentivos reales y estables a las empresas y autónomos del medio rural, redes viarias y de telecomunicaciones dignas y adaptadas a los tiempos que vivimos,…). Ya que las únicas iniciativas que se perciben consisten en facilitar la llegada de excrementos con las macrogranjas y sus mentores.También desde otros organismos se están dando pasos encaminados a horadar la autonomía municipal; por ejemplo, desde el Estado con diversos aspectos introducidos en la Ley de Régimen Local, como el “coste efectivo” o las funciones de coordinación por las Diputaciones.Si tanto deseo tienen de crear nuevas siglas y órganos pueden reunirse y crear una asociación las mismas personas que hasta ahora lo han hecho (Consejeros, Viceconsejeros, Delegados, munícipes de grandes núcleos,…) y que creen una ellos solitos, pero para jugarse una partida de cartas que seguro que lo hacen mejor que la planificación de la gestión de servicios.