Código de la propuesta: CYL-2019-10-6074
Este Registro debería ser totalmente independiente (y autónomo) del Gobierno y de la Administración de la Comunidad.Debería depender de la Comisión de Ética Pública (o cómo se quiera denominar) y que debería ser (como ya se ha señalado en otras opiniones) totalmente independiente (orgánica, funcional y económicamente). Pudiendo estar ambos adscritos a las Cortes o al Procurador del Común, por poner un ejemplo.Deberían tener carácter público no solo las declaraciones de actividades sino también las de bienes, derechos y obligaciones de todos los altos cargos. Debiendo publicarse en el BOCyL tanto las de los miembros de la Junta como las de cualquier otro alto cargo.La organización y el funcionamiento del Registro debería de ser regulado por las Cortes de Castilla y León, al igual que la Comisión de Ética Pública.
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