Ampliar los supuestos de cese a quienes tengan la condición de investigados, encausados o imputados (no solo a quienes hayan sido condenados por sentencia firme)

Tanto los políticos como los altos cargos no debieran estar en su puesto más de 2 legislaturas (8 años).Y no vale eso de cambiarse de Consejería o de Administración, la limitación ha de ser absoluta para todo cargo público.Por ello, a todos los altos cargos que no sean funcionarios públicos se les debería exigir tener un empleo anterior o desarrollar una profesión fuera de la Administración, para que al finalizar su prestación de servicios vuelvan a su anterior ocupación. Y los que sean funcionarios que vuelvan a su puesto.Ah! Y ya puestos, no deberían cobrar más que el empleado público (léase, funcionario de carrera) que más cobre dentro de esa Administración.Al sector público se va a servir al interés general, no a servirse del puesto para vivir de ello el resto de los días. Por ello, el sueldo no debiera ser el principal incentivo para acceder a los puestos de responsabilidad dentro de la Administración pública. El que quiera ganar más que se vaya al sector privado (pero sin 'puertas giratorias', de lo que se puede hablar más extensamente en otro comentario).

En la nueva ley debe quedar perfectamente definido el concepto de ‘formación idónea para el cargo’. Es un concepto que no puede quedar al libre albedrío de la autoridad que efectúe el nombramiento. Y, por supuesto, el nombramiento debe ser motivado.Se debería exigir una determinada formación académica, así como una experiencia profesional fuera del ámbito del partido político o de cargos de designación política. Amén de tener experiencia demostrable en la materia de la que se tengan que hacer responsables. Vamos, lo que se haría en cualquier gran empresa del sector privado mínimamente seria.Y ya sería para nota que tuvieran unos conocimientos mínimos sobre determinadas normas, como pueden ser la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Derecho Administrativo, el Derecho Financiero, la Ley de Contratos, etc…. Y, por supuesto, el Estatuto de los Altos Cargos de la Administración. Eso sería en un mundo ideal.En cualquier caso, todo puesto de trabajo en la Administración pública debería ser ocupado mediante concurso de méritos entre funcionarios de carrera, al menos, hasta el cargo de Director General (inclusive). Esto es lo que sucede en otros países europeos (serios) de nuestro entorno.Prohibición absoluta para nombrar o contratar a investigados, encausados o imputados (no solo a quienes hayan sido condenados por sentencia firme). Tampoco se debería poder volver a nombrar/contratar a quienes hubieran sido sancionados administrativamente o condenados por sentencia judicial firme. EN NINGÚN CASO.Los altos cargos deben demostrar no solo que están al corriente de sus obligaciones tributarias sino también ante la Seguridad Social, mediante certificados emitidos al efecto.Una vez transcurridos 8 años (2 legislaturas) deben ser cesados automáticamente de sus cargos, sin que puedan volver a acceder a otros cargos de alta responsabilidad en la Administración, aunque se trate de Consejerías (o entidades) diferentes. Que vuelvan a su ocupación anterior.Asimismo, deberían declarar todas las actividades que tengan fuera de la Administración (les reporten o no réditos económicos) y todo su patrimonio. Todo ello debería ser de acceso público. El que no quiera hacer públicas sus actividades y su patrimonio que renuncie al cargo o, directamente, que no lo acepte.Por último, no se puede dejar en manos de la Inspección General de Servicios el control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del nombramiento, pues este órgano depende de altos cargos y de miembros de la Junta. Es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Se debería crear un órgano totalmente independiente (funcional, orgánica y económicamente) y si está fuera de la Administración autonómica mejor aún. Que dependa, por ejemplo, de las Cortes o del Procurador del Común (en el peor de los casos).

Incompatibilidad total para ejercer toda actividad pública y/o privada, sin excepciones. Especialmente para el ejercicio de funciones dentro del partido político.Establecer pormenorizadamente mediante ley un sistema de control del cumplimiento de los valores que han de conducir la actuación de los altos cargos, régimen de incompatibilidades, conflictos de intereses, la gestión de los recursos y el Código Ético y de Austeridad.También debería reflejarse (expresamente) en la nueva ley que los altos cargos están obligados al cumplimiento de los principios generales previstos en el artículo 3 de la Ley 40/2015.Además, el informe de gestión que han de realizar los titulares de las Consejerías ante las Cortes de Castilla y León debería efectuarse cada año.

Resulta delirante que formen parte de este órgano altos cargos y miembros de la Junta. Debería configurarse como un órgano totalmente independiente (funcional, orgánica y económicamente) y si además estuviera fuera de la Administración autonómica mejor aún. Debería depender, por ejemplo, de las Cortes o del Procurador del Común (en el peor de los casos).Además, los empleados públicos que trabajen para dicha comisión deberían ser exclusivamente funcionarios de carrera y no deberían poder acceder a su puesto de trabajo mediante libre designación o mediante comisión de servicios. Única y exclusivamente mediante concurso de méritos. Y en ningún caso deberían ocuparse esos puestos de trabajo mediante interinidades.Y, por supuesto, que no haya altos cargos ni miembros de la Junta en su composición.

A mi modo de ver sería más correcto denominarlo 'Régimen disciplinario', en vez de 'Régimen sancionador' a que se refiere la normativa actual.Y, además de las infracciones y de las sanciones previstas para los altos cargos en la Ley 3/2016, también se les debería aplicar el 'Régimen disciplinario' previsto para los empleados públicos tanto en el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TRLEBEP; como en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León; en la medida que lo permita la naturaleza del cargo.Por último, en cuanto a las sanciones muy graves que existen en la actualidad para los altos cargos, debería sustituirse 'la imposibilidad de ser alto cargo en un periodo de entre cinco y diez años' por la imposibilidad para volver a ser alto cargo, sin más.

Este Registro debería ser totalmente independiente (y autónomo) del Gobierno y de la Administración de la Comunidad.Debería depender de la Comisión de Ética Pública (o cómo se quiera denominar) y que debería ser (como ya se ha señalado en otras opiniones) totalmente independiente (orgánica, funcional y económicamente). Pudiendo estar ambos adscritos a las Cortes o al Procurador del Común, por poner un ejemplo.Deberían tener carácter público no solo las declaraciones de actividades sino también las de bienes, derechos y obligaciones de todos los altos cargos. Debiendo publicarse en el BOCyL tanto las de los miembros de la Junta como las de cualquier otro alto cargo.La organización y el funcionamiento del Registro debería de ser regulado por las Cortes de Castilla y León, al igual que la Comisión de Ética Pública.

El deber de sigilo o la prohibición para participar en órganos de selección de empleados públicos durante un tiempo.