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Hay que garantizar la denuncia

Código de la propuesta: CYL-2019-09-6051

La posibilidad de denuncia por parte de los empleados públicos de delitos contra la Administración Pública e incumplimientos del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos mediante su protección frente a posibles represalias son una gran herramienta de cara al control del buen funcionamiento de las Administraciones públicas ya que evita encubrimientos por miedo o connivencia y además normaliza la persecución de conductas indebidas lo que sin duda mejorará la convivencia y el bienestar de sus empleados además de contribuir a erradicar malas prácticas. Siendo totalmente cierto lo anterior, vivimos en una sociedad en la que las falsas denuncias están a la orden del día. La legislación penal contempla éstas como delitos pero dentro de la administración no están considerados si quiera como falta y por lo que no pueden ser objeto siquiera de responsabilidad disciplinaria, es decir, existe un vacío legal muy pernicioso. La Inspección General de Servicios es conocedora de la gran cantidad de denuncias falsas o sin pruebas que se producen, muchas de ellas por intereses espurios de quien las realiza, y que dañan gravemente a los denunciados en su honor y dignidad, muy difíciles de recuperar una vez mancillados.Es necesario proteger administrativamente también a los empleados públicos respecto de estas prácticas exigiendo un mínimo de responsabilidad y pruebas al denunciante incrementando el listado de faltas administrativas también a la falsa denuncia cuando se produce con mala fe, introduciendo mecanismos automáticos en la incoación de los correspondientes expedientes disciplinarios que no dependan de la voluntad de terceros o de la denuncia 'de vuelta' de quien sufrió los daños.