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Es una ley sin motivación suficiente, impositiva, contraria a la libertad de expresión, amenazante y sancionadora, de corte totalitario, qu

Código de la propuesta: CYL-2019-09-5511

Es una ley sin motivación suficiente, impositiva, contraria a la libertad de expresión, amenazante y sancionadora, de corte totalitario, que pretendiendo solucionar un problema, crea otros aún mayores.Es importante proteger la igualdad y evitar la discriminación, pero con medidas proporcionales, justas y eficaces, muy distintas de las que recoge esta ley. Para resolver los pocos casos de acoso escolar que hay en toda Castilla y Léon por este motivo (¿una docena?), no es adecuada una ley abusiva que vulnera los derechos de la mayoría de los ciudadanos. So capa de ayudar a esos pocos, pretende convertir a los colegios en difusores e implantadores de la ideología de género, olvidando que la Administración pública no puede asumir ninguna ideología como propia y menos aún imponerla, pues eso es propio de las dictaduras. Lo que sí puede y debe hacer es contribuir a buscar soluciones particulares para los menores afectados, contando siempre con los padres, que son los depositarios del derecho a educar. El Estado debe ayudar, no suplantar, a los progenitores, que en esta ley quedan ninguneados de un modo lamentable, cercenando los derechos que les reconoce la Constitución.Además es una ley represora de la libertad de expresión, de la libertad de los docentes y de las libertades ideológicas y religiosas. Junto a eso, de forma acrítica e ideológica, oculta deliberadamente que la inmensa mayoría de las situaciones de transexualidad a esas edades no son permanentes, pues el 80-95% de niños que dicen sentirse de otro sexo, no seguirá experimentando tras la pubertad la disforia de género, ya que desaparece en ese altísimo porcentaje por el propio desarrollo puberal, tal como se puede leer en la Revista Española de Endocrinología Pediátrica (2015). Allí también se recomienda que las valoraciones psicológicas en niños deben ser más detalladas aún que en adultos, deben ser hechas por especialistas y, en lo posible, deben evitar intervenciones médicas irreversibles y dañinas. Por otro lado es necesario dar a conocer que los tratamientos hormonales tienen un alto riesgo de serios efectos secundarios (además de infertilidad) y que las tasas de suicidio son casi veinte veces mayores en los adultos que usan esos tratamientos o se operan para cambiar de sexo, tal como reveló un amplio estudio en Suecia en el año 2011.Esto explica que la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, en su documento de posicionamiento sobre estas cuestiones, recomiende tratar cada caso de forma individualizada, con gran prudencia y rigor, sin medidas generalistas como las de esta ley. Por eso es gravemente irresponsable que la Junta de Castilla y León fomente esta ley, que en el fondo está hecha al dictado de los lobbies LGTBI, sin diálogo con los representantes de los padres, ni con las entidades educativas ni con otros agentes sociales. Actuando así, está provocando una desigualdad y discriminación aún mayores y más graves.