Muchas gracias por su participación. Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones realizadas al proyecto de Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores de Castilla y León, tanto a través de este espacio de participación ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus observacionesMejorar la calidad de vida de las personas mayores es el objetivo fundamental de este Proyecto de Decreto. Este nuevo modelo de atención implica un nuevo enfoque de los cometidos de los profesionales que desempeñan sus funciones en los centros de personas mayores. Los apoyos que deben prestarse a las personas usuarias de los centros deben ajustarse a los proyectos de vida de cada persona. Esto conlleva un cambio de criterio en la configuración de las plantillas de personal técnico respecto al previsto en el Decreto 14/2001, de 18 de enero, incidiendo en la personalización de la atención y alejándose de las rigideces de este último decreto, es decir, se apuesta por una mayor flexibilidad en la prestación de los servicios, permitiendo a los centros elegir aquellos profesionales que mejor puedan desempeñar sus funciones de acuerdo con las características de los usuarios y sus necesidades.El apartado 5 de la Memoria de elaboración del expediente para la aprobación del proyecto de decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores en Castilla y León incluye un análisis comparativo de las exigencias de personal. El Decreto 14/2001 ha sido superado, tanto en materia de las funciones del personal, como en relación a las ratios requeridas, pues el proyecto de Decreto incrementa, de forma significativa, las exigencias de personal, tanto de profesionales técnicos (incremento entre 12,47 % y 30,29 %) como de profesionales de atención directa (incremento entre 8,88 % y 27,45 %). Se puede afirmar, por lo tanto, que la normativa que se pretende aprobar es significativamente más exigente, como se puede comprobar en el impacto de las nuevas ratios sobre la realidad de los centros actuales en funcionamiento como se detalla también en dicha memoria.Por otra parte, los servicios sociales y los servicios de salud son servicios públicos que tienen sus funciones respectivas y que, siguiendo cada una sus propios modelos de gestión, deben de coordinarse adecuadamente para un mejor servicio al ciudadano. El sistema sanitario público garantiza el acceso a su cartera de servicios a todas las personas con tarjeta sanitaria, sea cual sea su domicilio dentro de la Comunidad Autónoma; las personas que tienen su domicilio en un centro residencial tienen derecho, y la administración debe garantizar el ejercicio del mismo, a utilizar servicios públicos sanitarios de calidad, en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Por último, indicar que entre las titulaciones que se exige al personal técnico predominan mayoritariamente aquellas que implican formación sanitaria, todo ello sin perjuicio de las garantías que se establecen en el periodo transitorio para seguir mantener un adecuado nivel de atención en el proceso de implantación del nuevo decreto. En definitiva, no sólo se mantienen los profesionales cualificados sino que se aumenta el perfil de los profesionales de los que el centro puede disponer en función de las necesidades concretas de los usuarios del mismo.