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NO SIN ENFERMERAS NI PROFESIONALES TITULADOS. DESCUBRE EL OBJETIVO DE ESTE DECRETO
Código de la propuesta: CYL-2019-01-5219
Llama la atención las prisas que tiene la Consejería de familia en volver a tramitar un decreto apenas un mes y medio después de que fuera anulando por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Su intención es clara, aprobarlo e implementarlo antes de que termine la legislatura. ¿Qué intereses esconde? Está claro que se pretende beneficiar el negocio privado de la ancianidad. Sorprende el número de plazas que se han perdido en las residencias públicas desde el pilotaje del programa 'Mi casa', más cuando estamos hablando de una de las poblaciones más envejecidas de España. De su lectura se desprende que el principal objetivo es abaratar los costes que supone el personal técnico, reducir por ley la obligatoriedad de prestar servicios de calidad eliminando la obligación de contratar profesionales sanitarios titulados, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos... todo ello a costa de que sea asumido por el Servicio de Salud de Castilla y León sin que este vea reforzado sus recursos materiales y sobre todo humanos ante la sobrecarga que se genera al asumir la asistencia integral de todos los internos de las residencias como población local de la Zona Básica de Salud. Dicho sea de paso, sigue sin establecerse el coste económico y la sobrecarga que supone para SACYL, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en Especializada, ya que la eliminación de las camas de enfermería supondrá un incremento de ingresos hospitalarios por cuestiones leves que hasta ahora se resolvían en las residencias gracias a la presencia de enfermeros.También obvia este Decreto que las funciones de los profesionales sanitarios vienen reguladas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), favoreciendo así el intrusismo profesional y poniendo en peligro la salud de un colectivo de la población especialmente vulnerable, nuestros ancianos.Olvida también las características de la población anciana en Castilla y León , cada vez más envejecida y con una elevada prevalencia de demencias, que necesita cuidados profesionales sobre todo de enfermeras.En resumen , este Decreto es un despropósito que antepone los intereses económicos de las residencias privadas a la calidad de los servicios que se merecen nuestros mayores.
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Muchas gracias por su participación. Una vez examinada las observaciones que se han planteado y las aportaciones realizadas al proyecto de Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores de Castilla y León, tanto a través de este espacio de participación ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus observaciones.El Plan de Mejora de centros públicos es anterior al Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores de Castilla y León y anterior al proyecto “En Mi Casa”. Este Plan preveía la adaptación de las plazas de válidos a plazas aptas para personas asistidas, para lo que se necesita, en general, más espacio útil, que ha generado modificaciones y obras en los centros de Titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales.En la comparativa de las exigencias en materia de personal entre lo dispuesto en el Decreto 14/2001 y el Decreto que se pretende aprobar, que puede consultarse en la Memoria del Proyecto del Decreto anexa al mismo, puede comprobarse que se incrementan de forma significativa las exigencias en materia de personal, tanto de profesionales técnicos (incremento entre 12,47 % y 30,29 %) como de profesionales de atención directa (incremento entre 8,88 % y 27,45 %). No existe, por tanto, como objetivo abaratar costes en materia de personal, sino adecuar el funcionamiento de los centros a la Atención Centrada en la Persona, que lleva como consecuencia nuevas formas de prestar los apoyos por parte de los profesionales.Las personas mayores de Castilla y León tienen derecho a acceder a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, garantizada por el sistema público de salud, como cualquier persona con Tarjeta sanitaria individual del Sistema, con independencia de que residan en una residencia o en su domicilio particular, y que implique o no sobrecarga al sistema público de salud. No obstante, el Decreto introduce una salvaguarda transitoria para el caso que fuese necesario, al objeto de permitir la coordinación y adecuación progresiva de los recursos asistenciales de carácter social con los recursos del Servicio de Salud.Del personal técnico que debe integrar los centros, no excluye el Decreto ningún profesional con titulación universitaria en el ámbito de salud, atención psicosocial, integración social, promoción de la autonomía o del envejecimiento activo, solo fija la dotación mínima, salvo lo dispuesto en el régimen transitorio. El modelo de Atención Centrado en la Persona, no basado estrictamente en profesiones determinadas, pretende superar el simple objetivo de cuidar a la persona usuaria por el de satisfacer realmente sus necesidades específicas, incluyendo expectativas y derechos, y posibilita que los centros cuenten con un amplio abanico de profesionales en el número que consideren oportuno, en función de las necesidades, expectativas y deseos de los usuarios de dichos centros. Por último reseñar que el proyecto de Decreto no olvida las características de las personas mayores de Castilla y León ni antepone los intereses económicos de las residencias privadas a la calidad de los servicios sino que garantiza la calidad de la atención desarrollando un modelo de atención centrado en la persona y basado en el concepto de hogar, que ha demostrado su eficacia durante el proceso de pilotaje y evaluación que puede consultarse en la Memoria que acompaña al proyecto de Decreto (página 77 y siguientes).