En qué consiste
Los valores democráticos y la defensa de las libertades se constituyen, en el Estatuto de Autonomía, como principios que han de regir todas las políticas públicas, que han de orientarse a la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra la igualdad y la dignidad de las personas.
La Comunidad de Castilla y León, en el marco de su Estatuto de Autonomía, reconoce, en su ámbito territorial, la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, ha sentado las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática.
En este marco, el objeto del decreto es el reconocimiento a todos los ciudadanos que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la Dictadura y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática, con el fin de crecer en el pluralismo, afianzar la reconciliación, y promover la concordia, la justicia, y la defensa pacífica de las ideas.
Además, este decreto constituye el desarrollo normativo necesario para dar cumplimiento adecuado por los poderes públicos de Castilla y León a las obligaciones que establece la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 14:00 horas del 9 de febrero de 2018.
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08/02/2018 • 1 comentario •
La Asociación Universitaria Derechos Humanos y Memoria Pública considera los siguientes aspectos respecto al Proyecto de Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León:En primer lugar, la opción de un decreto es un instrumento insuficiente. Debería ser una ley autonómica, no un decreto, que ponga al aparato administrativo y económico de la Junta de Castilla y León al servicio de las víctimas con derechos y obligaciones equiparándonos a lo establecido en tantas otras comunidades de nuestro estado. Esto debería ser debatido concienzudamente en las Cortes y con la participación de las asociaciones y la sociedad civil.En cuanto al desarrollo de las labores de localización, exhumación e identificación, cuyo peso recae directamente en personas particulares debería abordarse de otro modo. Corresponde a la Administración el efectuarlo pues realizaría un reconocimiento a las víctimas desde una institución pública aportando no sólo los medios económicos si no el personal técnico necesario (equipo técnico formado por personal de los campos de la arqueología, antropología social, antropología forense, patrimonio cultural y derecho) siendo las asociaciones memorialistas asesores fundamentales. Dentro de los propios consejos, tanto técnico como asesor, consideramos excesivo el peso político frente al de las asociaciones y personas formadas específicamente en el campo de la memoria.Es notable la ausencia en el texto de un apartado de dedicado al análisis de los callejeros de nuestra comunidad, monumentos y distinciones de aquel periodo que perviven en nuestro territorio como agravio vivo a las víctimas y sus familiares. Es necesario dotar a este instrumento de medidas en lo relativo a esta disposición de la ley de 2007.Por otra parte, se limita a hablar de localización, exhumación e identificación, sin hacer ninguna referencia a la necesidad de memorializar o patrimonializar dichos espacios. Los lugares o espacios de memoria son un elemento fundamental de reconocimiento por parte de la administración, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Si bien dentro del consejo participará un técnico de patrimonio cultural debería concederse a estos espacios un reconocimiento como bien de interés cultural, no limitándolo al ámbito arqueológico. Las asociaciones y el ámbito académico son asesores fundamentales en este aspecto y en la colaboración en el desarrollo de investigaciones mnemónicas y unidades didácticas con las que trabajar los Derechos Humanos y la Memoria Pública en nuestra comunidad.Sobre la elaboración de mapas de fosas nos parece flagrante la ausencia de la colaboración de las universidades de nuestra comunidad en el desarrollo de los mismos.(Art.10)En lo referente al acceso a archivos, siguiendo la normativa de la ley de 2007, merecería especial mención que 'el acceso a la documentación sobre la represión debería tener un tratamiento específico para evitar las trabas que nos solemos encontrar cuando se trata de buscar datos “personales” de víctimas o de victimarios.' (A propuesta de L. Castro) (Art. 14)
08/02/2018 • Sin comentarios •
Juan Vicente Herrera estas Gelipollas, junto con todo el PP. No se pueden promover leyes marxistas de revisionismo histórico, guerra-civilistas, promotoras del odio y la confrontación nacional. Esta iniciativa del Putrido Zapatero la teníais que haber eliminado el primer día del gobierno de Rajoy.La historia es lo que es: La PSOE Stalinista dió pucherazo en las elecciones de 1934 y golpe de estado, lo volvió a dar en 1936. Se dedicó a asesinar a miembros de la oposición y provocó la Guerra Civil liderada por Stalin desde su dacha de Sotchi.La España republicana=Soviética de Stalin, perdió la Guerra y ganaron los patriotas que nunca quisieron una nación bajo la bota de ninguna potencia y menos del marxismo-stalinismo-soviético. Además LA PSOE robó toda la riqueza de España, oro y obras de arte así como los fondos y cajas de seguridad de todos los bancos.Basta ya pedazo de imbeciles.