Gracias por su participación y por la sugerencia presentada en relación con el Borrador de Mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST), lo que indudablemente demuestra su interés por la participación en las cuestiones públicas autonómicas y en la mejora de los proyectos que promueve esta Administración.Debe recordarse que las UBOST se definen legalmente como espacios funcionales delimitados geográficamente, que constituirán la referencia espacial y el parámetro básico para la ordenación del territorio de Castilla y León, es decir, no son administraciones sino delimitaciones territoriales. Las UBOST en un futuro deberán ser utilizadas, a corto plazo, por la Administración autonómica para organizar territorialmente la gestión de sus servicios públicos, y podrán ser utilizadas por los municipios para la prestación mancomunada de los servicios locales.Es esta la razón por la que los estudios de zonificación realizados por las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León han partido inicialmente de las actuales zonas básicas de salud en la delimitación de las UBOST. El artículo 11 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio (LORSERGO) dispone que la prestación de todos los servicios autonómicos zonificados en el ámbito rural deberá atender a las UBOST rurales, y, en relación con determinados servicios esenciales establece una escala según la cual las zonas básicas de salud deberán coincidir con una UBOST. La premisa inicial del mapa no ha sido por tanto respetar las delimitaciones provinciales, sino más bien buscar la coincidencia entre UBOST y zonas básicas de salud, lo que ha pesado más que otro tipo de consideraciones geográficas o económicas. De hecho la frontera entre provincias no ha supuesto una barrera cuando se ha considerado conveniente que así fuera, y se han configurado un total de 12 UBOST interprovinciales, que representan el 6,82% del total de 176 UBOST.Por lo demás es por supuesto respetable su opinión favorable a la desaparición de las diputaciones provinciales y el traspaso de sus competencias a las Comunidades Autónomas y a los municipios, los cuales deberían igualmente ser objeto de una reorganización que garantice su viabilidad económica. Sin embargo, la supresión de las diputaciones no ha formado parte de la reciente reforma de la legislación básica en materia de régimen local, en virtud de las previsiones constitucionales y estatutarias de protección, ni tampoco la fusión obligatoria de municipios, habiéndose establecido otros mecanismos para garantizar su viabilidad económica, precisamente con la colaboración de las diputaciones provinciales. Del mismo modo, el modelo territorial adoptado en la Comunidad de Castilla y León con un amplio consenso de las fuerzas políticas parlamentarias y de las entidades locales, descartó en su momento esta opción y se mostró a favor de la asociación voluntaria de los municipios en mancomunidades de interés general como forma más eficaz de conjugar la eficiencia en la prestación de los servicios locales con la supervivencia de los pequeños municipios respetando su autonomía municipal, y todo ello con el concurso y la colaboración de las diputaciones provinciales, mediante la constitución futura de un único consorcio para la prestación de servicios generales en cada provincia.