En qué consiste
La finalidad del proyecto de decreto es dotar de una Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos a la Administración de la Comunidad adaptada a la normativa vigente, así como establecer su marco organizativo y los instrumentos para su desarrollo y gestión.
La Política de Seguridad de la Información establece las directrices que rigen la forma en que una organización gestiona y protege la información y los servicios que considera críticos. Teniendo como objeto la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de los mismos.
Con la publicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de derechos digitales se ha puesto de manifiesto de forma evidente la convergencia entre los aspectos relacionados con la seguridad de la información, regulados en el Esquema Nacional de Seguridad que fue aprobado mediante Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y modificado parcialmente por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, y los aspectos relacionados con la protección de datos personales, regulados en el Reglamento General de Protección de Datos Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la propia Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Es la correlación entre ambas materias la que ha determinado el establecimiento de una política conjunta, de seguridad de la información y de protección de datos personales, en la que se recogen tanto los aspectos comunes de ambos ámbitos, así como los específicos de cada uno de ellos.
El proyecto de decreto realiza la revisión de la política de seguridad de la información vigente y que fue aprobada mediante la Orden HAC/858/2014, de 30 de septiembre.
Además de la adaptación a los cambios normativos que se han producido desde la aprobación de la anterior Política de Seguridad de la Información, es necesario adaptarse a los cambios en la organización de las distintas estructuras orgánicas de las consejerías lo que implica que las competencias sobre las materias que regula el proyecto de decreto se encuentren en la actualidad en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Fecha de publicación 28 de agosto de 2020
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