La expropiación de tierras agrícolas para ampliar un polígono industrial constituye no solo una decisión cuestionable desde el punto de vista económico, sino también un profundo error social, ambiental y estratégico. Las tierras de cultivo no son simples extensiones de terreno disponibles para la ocupación; son la base de la seguridad alimentaria, del equilibrio ecológico y del sustento de familias que, generación tras generación, han cuidado y preservado estos espacios. Sacrificar suelo fértil —un recurso limitado y cada vez más escaso— implica comprometer la capacidad productiva del territorio y el bienestar de sus vecinos.
En segundo lugar, esta decisión ignora el impacto ambiental. El coste ambiental, aunque a menudo invisible a corto plazo, termina pagándolo la ciudadanía en su conjunto, y en este caso, los vecinos de Villalonquéjar. La industria puede reubicarse, expandirse o reorganizarse en áreas ya degradadas o infrautilizadas; la tierra fértil, en cambio, una vez perdida, no se recupera.
Finalmente, existen alternativas más racionales y sostenibles, como rehabilitar zonas del polígono infrautilizadas. Apostar por la expropiación de campos productivos no es una necesidad, sino una elección —y una mala elección.
Ampliar un polígono industrial puede parecer progreso; destruir agricultura es, claramente, retroceso. La verdadera modernización no pasa por sustituir el campo por cemento, sino por planificar con visión de largo plazo, respetando a los agricultores y a los vecinos de Villalonquejar. No debemos priorizar la expansión industrial a costa de la destrucción de espacios naturales, perjudicando gravemente al modo de vida de los agricultores y vecinos.
En conclusión, la expropiación de tierras agrícolas para la simple expansión del polígono industrial carece de la necesaria proporcionalidad, vulnera la protección legal del suelo agrario y se aparta de las exigencias constitucionales de motivación y racionalidad en la limitación del derecho de propiedad. La Administración, antes de optar por la solución más gravosa, tiene el deber jurídico de explorar todas las alternativas menos lesivas, garantizándose que la actuación pública sea verdaderamente necesaria, adecuada y conforme al interés general.

Ratifico los comentarios de Noelia.
Son terrenos agrícolas fértiles de vega del Arlanzón con conducción de regadio canalizado subterráneo.
Hay que tener en cuenta que son terrenos inundables en momentos de crecidas de los ríos Ubierna y Arlanzón, por lo que no es una ubicación apta para industrias, sin embargo son terrenos idóneos para los fines a los que se vienen destinando hasta ahora, que es la explotación agrícola.