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Procedimiento para la elaboración de un Decreto por el que se regule el ejercicio de las competencias en materia de seguridad de las balsas cuya gestión corresponda a la Administración de la Comunidad de Castilla y León

En qué consiste

De conformidad con lo previsto en el artículo 76.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de los proyectos o anteproyectos de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública.

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

La Ley 11/2005, de 22 de junio, introdujo un nuevo artículo, el 123 bis, en el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio. Este nuevo artículo, dedicado a la seguridad de presas y embalses, dispone que, a fin de proteger a las personas, el medio ambiente y las propiedades, el Gobierno regulará las condiciones esenciales de seguridad de las presas y embalses, las obligaciones y responsabilidades de sus titulares, los procedimientos de control de la seguridad, y las funciones que corresponden a la administración pública.

Cumpliendo ese mandato, el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, introdujo el Título VII en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, dedicado a la seguridad de presas, embalses y balsas. Obsérvese que las balsas se añaden donde la norma previa solo hablaba de presas y embalses. En este nuevo título se establecen las obligaciones y responsabilidades de los titulares y las funciones de las administraciones en materia de control de la seguridad, definiendo un sistema de control de seguridad caracterizado por la intervención y control de las administraciones en todas las fases de la vida de estas infraestructuras, incluidas por tanto las balsas: proyecto, construcción, puesta en carga, explotación y puesta fuera de servicio.

Por lo que respecta a las obligaciones de las Comunidades Autónomas, dentro de ese nuevo título añadido al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el artículo 360.2 establece que:

“Las comunidades autónomas designarán a los órganos competentes en materia de seguridad en relación con las presas, embalses y balsas situados en el dominio público hidráulico cuya gestión les corresponda, y en todo caso en relación con las presas, embalses y balsas ubicados fuera del dominio público hidráulico”.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación:

La necesidad y oportunidad de aprobar esta norma se deriva del mandato normativo citado, el cual la Comunidad de Castilla y León debe cumplir.

c) Los objetivos de la norma:

En primera línea se trata de designar a los órganos competentes en materia de seguridad de las presas, embalses y balsas cuya gestión corresponda a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Además el contenido de la norma debe extenderse a las formas de ejercicio del control de seguridad regulado legalmente en todas las fases de la vida de las presas, embalses y balsas, tales como (sin carácter exhaustivo):

• Creación y gestión del Registro de seguridad.
• Aprobación de la clasificación.
• Aprobación de los planes de emergencia.
• Informe sobre los proyectos, así como las circunstancias concretas que se presenten en el momento de proceder a un cambio, fase o etapa en la vida de la instalación, o de producirse el otorgamiento o la renovación de la concesión.
• Inspección de la construcción de nuevas instalaciones, incluido el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos en el proyecto.
• Aprobación de las normas de explotación.
• Evaluación del contenido de las revisiones de seguridad y los informes de seguridad.
• Establecimiento de condicionantes a la explotación ordinaria.
• Orden de vaciados totales o parciales.
• Supervisión del cumplimiento de las obligaciones de seguridad del titular.
• Ejercicio de la potestad sancionadora.
• Autorización y registro de entidades colaboradoras en materia de control de la seguridad.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

No parecen posibles otras alternativas, dada la ya reiteradamente expuesta obligatoriedad de proceder en al cumplimiento del mandato establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.