Orden por la que se regula el Registro de certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia de Castilla y León
En qué consiste
Trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de los proyectos o anteproyectos de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública.
Consulta pública en el procedimiento para la elaboración de una Orden por la que se regula el Registro de certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia de Castilla y León:
1. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
La entrada en vigor de la Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, y del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, hace necesario adaptar la regulación autonómica en la materia al nuevo Sistema de Formación Profesional.
2. Necesidad y oportunidad de su aprobación.
El artículo 149.1 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, preceptúa que “las administraciones competentes crearán el correspondiente Registro autonómico de certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia”.
La disposición transitoria séptima del citado Real Decreto 359/2023 indica que “Las administraciones competentes procederán a la adaptación, con fecha límite el 1 de enero de 2025, de la normativa propia, medios e instrumentos necesarios adaptarse a lo previsto en el presente real decreto en relación con los centros que imparten ofertas del Sistema de Formación Profesional, su autorización administrativa y los aspectos básicos del régimen de funcionamiento”.
El artículo 76 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad de Castilla y León la función ejecutiva en materia de empleo y políticas activas de ocupación. Por Real Decreto 148/1999, de 29 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de gestión de la formación profesional ocupacional, se atribuyó a la Comunidad de Castilla y León la ejecución del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, regulado por el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, o norma que lo sustituyera, en la actualidad, entre otra normativa, el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio.
El artículo 4.3.a) de la Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, contempla, entre las funciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en relación con la formación profesional ocupacional, “La elaboración y gestión de las acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y del Plan de Formación Ocupacional de la Comunidad de Castilla y León”.
3. Objetivos de la norma.
Dar cumplimiento al mandato contenido en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio.
4. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
No se aprecia ninguna.
¿Qué opina sobre estos cuatro aspectos?
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