1º Se rechaza la aportación relativa a la creación de un registro de asociaciones interesadas por materias desde el que activar el trámite de audiencia, en la medida en que un decreto cuyo objeto es la regulación del procedimiento para la elaboración normativa y para la implantación de medidas de mejora de la calidad normativa no resulta el instrumento adecuado para ello.Respecto de las reflexiones sobre el hecho de que determinados titulares de derechos en situación de mayor de vulnerabilidad y exclusión social pudieran tener dificultades para acceder a estas formas de participación, queremos poner de manifiesto que tal preocupación se encuentra en la base de la medida 2.C del Acuerdo 190/2019, de 12 de diciembre (BOCYL núm. 240 de 16 de diciembre), de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas de mejora de la regulación en el ordenamiento jurídico autonómico de Castilla y León para el período 2019 a 2023 que establece lo siguiente:“2.C.– Creación de una base de datos autonómica sobre organizaciones de la sociedad civil a los efectos de facilitar la audiencia en el proceso normativo. Una buena atención al ciudadano obliga a conocer las asociaciones y organizaciones existentes en la sociedad castellano y leonesa y sus fines, para que la relación entre éstas y la Administración Autonómica sea todo lo permeable posible, especialmente en el caso del proceso de elaboración de las normas. Medida: creación de una base de datos que contenga la información acerca de organizaciones de la sociedad civil a escala autonómica con objeto de servir de mecanismo a los procesos de consulta. Será actualizada con acceso público en la web.”Junto a ello, el pasado 25 de enero de 2021 se abrió la consulta pública del anteproyecto de Ley de participación ciudadana que en el mes de mayo siguiente fue objeto del trámite de participación y en el que se regulan los “grupos de interés” en los artículos 42 y siguientes. El contenido del registro que allí se prevé y el alcance del concepto que se hace de grupos de interés, especialmente en el artículo 47.4.b.a) del anteproyecto, aconseja esperar a la redacción final, al menos del proyecto de ley que apruebe la Junta de Castilla y León , antes de hacer un desarrollo de la base de datos a la que se refería el Acuerdo 190/2019.2º Se rechaza su la aportación en la medida en que un decreto del procedimiento para la elaboración normativa y para la implantación de medidas de mejora de la calidad normativa, no es el lugar adecuado para incorporar nuevos impactos a los ya existentes.Deben tener en cuenta que el artículo 30,1 d) del proyecto hace referencia, como criterio a valorar a la hora de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las normas, a los “impactos preceptivos relevantes”: Pues bien esta alusión, en sentido genérico se refiere a los actuales impactos preceptivos, entre otros:- Impacto de género.- Impacto de adolescencia e infancia.- Impacto sobre la familia.- Impacto sobre las personas con discapacidad.- Impacto sobre el cambio Climático y la sostenibilidad.- Impacto sobre la demografía.- Impacto sobre los ODS de la Agenda 2030.Estos impactos se imponen, usualmente, en normas con rango de ley (Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León, Ley 1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación del Impacto de Género en Castilla y León, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de las familias numerosas…) por lo que si en algún momento leyes estatales o autonómicas, u otro tipo de actuaciones transversales, impusieran la valoración de ese tipo de impacto que se propone en su observación, el mismo quedaría incorporado al procedimiento de elaboración normativa dado su carácter preceptivo y consecuentemente al posterior momento de la evaluación de las normas.