Código de la propuesta: CYL-2019-11-6202
Hay que dotar a la Agencia de amplias potestades tanto en el sector público como en el privado, entre ellas la potestad sancionadora.Deberá estar preparada para colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, con el resto de Agencias/Oficinas antifraude españolas y con los órganos e instituciones de la UE.Deberá estar especialmente vigilante en la lucha contra el fraude y la corrupción en materia de subvenciones y contratación pública (lo que preocupa enormemente a la Comisión Europea).También debería vigilar estrechamente el cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades tanto de los miembros de la Junta y demás altos cargos como del resto de empleados públicos, así como también de los procuradores de las Cortes autonómicas y del personal del resto de Instituciones de la Comunidad.
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