Código de la propuesta: CYL-2019-11-6197
'El fraude y la corrupción suponen una grave amenaza para la seguridad y los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Las instituciones de la UE tienen como prioridad proteger estos intereses, tanto para dar el mejor uso posible al dinero de los contribuyentes, como para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo, para los que la corrupción es un terreno fértil. La base jurídica para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es el Artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el cual encomienda a la UE y a sus países miembros la tarea de proteger el presupuesto de la UE. A nivel de la UE, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF): • lleva a cabo investigaciones administrativas independientes sobre el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que implique fondos o ingresos de la UE, con el fin de garantizar que el dinero de los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan ayudar a crear puestos de trabajo y a promover el crecimiento en Europa, • investiga las faltas graves cometidas por el personal de la UE y los miembros de las instituciones de la UE, contribuyendo así a reforzar la confianza de los ciudadanos en dichas instituciones, y • desarrolla las políticas de la UE contra el fraude en su calidad de Comisión.Una vez que se haya creado la Fiscalía Europea de acuerdo con el Reglamento 2017/1939, será el primer órgano de la UE con derecho a llevar a cabo investigaciones penales y a perseguir el fraude y la corrupción que afecte a los intereses financieros de la UE. La Comisión Europea, a través de su Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME), combate la corrupción tanto a nivel de la UE como a nivel internacional. La corrupción crea inseguridad en las empresas, reduce los niveles de inversión e impide que el mercado único funcione correctamente. Y, sobre todo, socava la confianza en los gobiernos, las instituciones públicas y la democracia en general. Las instituciones de la UE tienen como objetivo: • racionalizar y modernizar la normativa contra la corrupción,• hacer un seguimiento de la evolución de la lucha contra la corrupción en los países de la UE como parte del Semestre Europeo y • apoyar la aplicación de medidas nacionales de lucha contra la corrupción a través de la financiación, la asistencia técnica y el intercambio de experiencias. El Artículo 83, apartado 1, del TFUE reconoce la corrupción como un «delito contra Europa» y la incluye entre los delitos transfronterizos de especial gravedad'. https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED%3D22&locale=es
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