Muchas gracias por su aportación. El proyecto de Decreto lo que pretende es adaptar la contratación centralizada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a la legislación vigente en materia de contratación administrativa y determinar las competencias de los distintos órganos de contratación en la tramitación de los contratos.El proyecto de decreto no contiene, ni se pretende desarrollar, las condiciones y requisitos de acceso a las licitaciones. La solvencia exigida a los empresarios vendrá determinada en la licitación de los acuerdos marco que se tramiten, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (Libro primero, título II, capítulo II), atendiendo a los principios de vinculación con el objeto del contrato y de proporcionalidad, sin que la misma suponga obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas (Art. 87.4 LCSP).No obstante, hay que señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, en la adjudicación de contratos públicos por las autoridades de los Estados miembros o en su nombre han de respetarse los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los principios que se derivan de estos, tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia, proscribiéndose por lo tanto cualquier actuación que pueda discriminar a los operadores económicos por el estado, comunidad autónoma, provincia o municipio donde radique su empresa.