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La caza necesita que se cumpla y aplique correctamente la anterior ley, no una nueva.

Código de la propuesta: CYL-2019-09-5411

Hasta ahora, gran parte de la normativa cinegética aprobada por la Junta ha sido declarada ilegal por los tribunales. Entre otras cuestiones por no adoptar medidas de estudio, censo y conservación de las especies y poblaciones cinegéticas, es decir, por incumplir la propia Ley 4/1996 de Caza de CyL, la Directiva Hábitats 92/43CE y la Directiva Aves 2009/147/CE.Por ejemplo, en el año 2003 el Tribunal Superior de Justicia de CyL obligó a prohibir la caza de la perdiz pardilla (Perdix Perdix) debido a que no había estudios poblacionales que la avalasen. Hoy todos comparten tal decisión judicial e incluso su declaración como especie protegida, al menos en el Sistema Ibérico.El problema no es que la Ley 4/1996 no se ajuste a la actualidad jurídica, social y cinegética, si no que la propia Junta de CyL, sus Directores Generales de Medio Natural y máximos cargos técnicos en materia cinegética, no han querido aplicar lo establecido en esta ley, siendo ellos y sus actuaciones la máxima amenaza para que pueda haber una actividad cinegética sostenible y ajustada a la legalidad en CyL.Otra de las consecuencias de esta mala gestión son los graves desequilibrios en las poblaciones cinegéticas, y para alguna de ellas la amenaza de su estado de conservación. Desequlibrios que no se deberían haber producido si realmente se hubiera cumplido lo establecido en la Ley de caza 4/1996, cuyo aprovechamiento y regulación poblacional se sustentaba en una serie de Planes cinegéticos y estudios poblacionales que no han existido o eran irreales.Por todo ello desde Ecologistas en Acción entendemos que CyL y la caza no necesita de una nueva Ley, si no que se cumpla y aplique correctamente la del año 1996. Una nueva ley no se debe utilizar, como es el caso, para evitar la efectividad de las importantes sentencias judiciales que van a emitir el TSJ de CyL e incluso el Tribunal Constitucional en relación a la reforma de la Ley de Caza , cuyo Recurso de Incostitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo ha sido estimado por el Alto Tribunal.El esfuerzo y los recursos legislativos y parlamentarios que se van a destinar a esta Ley se van a detraer de otras prioridades sociales y ambientales de la comunidad que, curiosamente, llevan años sin ser tratadas en las Cortes de CyL.