La comunicación ambiental, incluida como novedad en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, configura junto con la autorización ambiental y la licencia ambiental, el régimen tradicional de intervención administrativa, respecto de una determinada actividad, en función del grado de incidencia de ésta sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud. Actualmente se regula en el Título V del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, cuya exposición de motivos explica la mencionada figura en los siguientes términos: “El Título V. Régimen de comunicación ambiental, nace orientado a cumplir la misión de ordenar dicho régimen de intervención ambiental de competencia municipal, caracterizado por ser el más sencillo y breve de todos los previstos en la norma, puesto que se proyecta sobre actividades o instalaciones de muy escasa incidencia ambiental, o con incidencia ambiental más significativa que, por aplicación de normas ambientales sectoriales, han de ser supervisadas en procedimientos administrativos específicos por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como sobre actividades o instalaciones que cuenten con una declaración de impacto ambiental favorable, esto es, evaluadas y controladas por dicha Administración en todos sus términos.”