Código de la propuesta: CYL-2018-04-4655
En opinión de Amnistía Internacional, el plan de vivienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que ahora se pretende elaborar y aprobar debe incorporar, en virtud de los compromisos internacionales de protección de los derechos humanos adquiridos por España, un enfoque de derechos humanos: en virtud del mismo, debe tenerse en cuenta de manera prioritaria el impacto de las políticas públicas en materia de vivienda sobre la accesibilidad efectiva del derecho a la vivienda para todas las personas que viven en Castilla y León, sin discriminación alguna, promoviendo un avance progresivo en dicha accesibilidad.En particular, la incorporación de dicho enfoque de derechos humanos al plan debería concretarse en medidas como las siguientes:Elaborar y aplicar protocolos con las autoridades judiciales y los ayuntamientos para garantizar una vivienda alternativa adecuada a las personas que se enfrentan a un desalojo y no pueden procurarse una. Destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda. Llevar a cabo consultas genuinas con los afectados con vistas a mitigar los efectos de los desahucios de viviendas en alquiler y garantizar transparencia, así como el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Evaluar y dar a conocer el probable impacto de las políticas sobre vivienda, especialmente en los menores, las mujeres y las personas con discapacidad, y, en particular, su impacto en los grupos de mujeres de alto riesgo, como las que tienen familias a su cargo y las que han sobrevivido a la violencia de género. Llevar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar la disponibilidad de casas vacías de pro#piedad privada como posible recurso para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Garantizar la coordinación efectiva de los servicios sociales, de vivienda y enfocados a las víctimas de violencia de género para garantizar una vivienda alternativa adecuada a las personas desalojadas que no pueden procurarse una.
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