(2021/02) Proyecto de decreto por el que se regulan el registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios de CyL y las funciones de supervisión y sanción a los mismos (Cerrado)
En qué consiste
La Ley estatal 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que entró en vigor el 16 de junio de 2019, incorpora parcialmente al ordenamiento jurídico español la normativa de la Unión Europea sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial contenida en la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, incluyendo ciertas normas de protección del prestatario relacionadas con la comercialización de los préstamos y créditos con garantía hipotecaria inmobiliaria, al considerar la asimétrica posición que ocupan en tal relación contractual el prestamista y el prestatario, y el papel relevante de la regulación de este tipo de contratos para la estabilidad económica y la cohesión social.
El Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, ha desarrollado parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de marzo, y la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, ha modificado las Órdenes EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección al cliente de servicios bancarios, de modo que la regulación contenida en ambas órdenes estatales se aplique también a la actividad realizada por los intermediarios y prestamistas de crédito inmobiliario, completando hasta la fecha la regulación estatal en esta materia.
La aprobación de esta norma persigue el interés general de dar cumplimiento efectivo a las previsiones contenidas en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, sobre la competencia autonómica de autorización, registro, supervisión y sanción en relación a los intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios que operen exclusivamente en el territorio regional, previsiones de la normativa estatal que hacen precisa una norma reglamentaria autonómica de desarrollo que establezca en Castilla y León el correspondiente registro, sin la cual no tendrían efectividad alguna.
Por otro lado, la Comunidad de Castilla y León tiene competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de ordenación del crédito, en el marco de la legislación estatal básica, según establece el apartado 6º del artículo 71.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y la propia Ley 5/2019, en su artículo 26 y su disposición adicional quinta, contempla expresamente la facultad autonómica de desarrollo de la legislación básica estatal en materia de crédito inmobiliario.
En consecuencia, procede iniciar la tramitación para la aprobación de un Decreto que regule el registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios de Castilla y Léon y las funciones de supervisión y sanción a los mismos.
Fecha de publicación 4 de febrero de 2021
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